En los últimos meses Francia ha experimentado, aparte de ser la anfitriona de la máxima competencia del fútbol continental, enormes manifestaciones en oposición al  proyecto de reforma laboral que busca aprobar el gobierno de François Hollande.  

Con el plan, el gobierno socialista sube las horas laborales de 35 a 39, rebaja las indemnizaciones por despido, elimina las ayudas a jóvenes desempleados y limita a un mínimo de 24 horas los contratos temporales, generando un ambiente de crispación social al desconocer derechos laborales.

Según sus críticos el proyecto representa la voluntad de la derecha y la izquierda socialista, el partido de  Hollande, de recortar los derechos laborales buscando una mayor austeridad en el gasto público y muestra, además, la crisis que atraviesa el modelo asistencialista en Europa, alegando que el Estado es incapaz de mantener el pleno de los derechos adquiridos ante el incremento de la población.

Esa es, precisamente, la discusión. ¿Podrán los países mantener el modelo asistencialista de la post-guerra?  Si un país como Francia, que además es gobernado por socialistas, es capaz de echar para atrás derechos sociales como las horas laborales y el seguro de desempleo para los jóvenes, se puede decir que sí existe una tendencia en contravía del asistencialismo.

En reiteradas ocasiones se ha criticado a Europa, y especialmente a Francia y Alemania, por tener un modelo excesivamente asistencialista. Los promotores del Brexit alegaron durante toda su campaña que la Unión Europea está basada en un modelo dominado por estos países que, en su criterio, son extremadamente socialdemócratas y garantistas.  

Los franceses son todo lo opuesto al neoliberalismo estatal que pregonan sus contradictores.  Francia es, con Alemania, la cuna de la socialdemocracia y hasta ahora han defendido, desde el gobierno hasta los sindicatos, los derechos laborales.

En 2000, bajo el gobierno del conservador Jacques Chirac, el congreso aprobó las 35 horas laborales a la semana, bajando la cifra a cuatro horas. Independientemente de su partido, Chirac le dio vía libre al proyecto presentado por los socialistas e igualmente decretó flexibilidad en el manejo de las horas; se podía trabajar un días más y otros días menos, dependiendo del empleador.

Pero la aprobación de ese marco laboral se dio cuando existía una boyante economía y una estabilidad política que no ponía en tela de juicio el modelo asistencialista. Con la crisis de 2008 se vino abajo esta posición y empezaron a sonar voces que pedían un límite al asistencialismo, ante las altas tasas de desempleo y la oleada de migrantes.

Bajo ese presupuesto, el estado francés -como el español o el griego, que experimentaron las peores crisis en el continente- presentó propuestas para recortar el seguro de desempleo, buscando estabilidad en sus finanzas públicas.

Ante tal panorama, François Hollande ha dicho que no busca recortar derechos laborales,  sino flexibilizar el código laboral para combatir el desempleo que afecta al 10 por ciento de la población activa de Francia.  Sus contradictores opinan que es la muestra de su plan para liberalizar la economía y recortar los derechos laborales de los trabajadores.

En Francia, casi siempre, este tipo de discusiones generan un intercambio largo de opiniones entre el gobierno, los partidos y los sindicatos. Pero en esta ocasión Hollande y su Ministro del Interior, Manuel Valls, han usado la constitución francesa para decretar el proyecto sin tanta socialización o, mejor dicho, por decreto presidencial sin consultar el Senado.

Si bien el Senado francés ha participado activamente en su construcción a través de alianzas entre sectores de derecha, como los republicanos, partido del cual hace parte Nicolás Sarkozy, y los socialistas, aprobando los límites de las horas laborales, siguen existiendo diferencias frente a las indemnizaciones por despido y otros temas que el Ejecutivo ha tratado por la vía presidencial.

Valls, como Ministro del Interior, aprobó parte de la reforma por decreto en mayo, dejando a un lado al Senado. En Francia no es normal un comportamiento de este estilo, teniendo en cuenta que Sarkozy, el antecesor del actual gobierno, nunca aprobó una reforma mediante decreto, aunque hoy en día está a favor del proyecto.

Si bien el país no tiene un régimen netamente parlamentario, cuando se trata de temas que van en contravía de la socialdemocracia,  siempre se opta por consultar a los legisladores.

Finalmente se prevé que la reforma laboral en su totalidad se apruebe, por decreto, a finales de julio. Antes el Ejecutivo tendrá que leer de nuevo el texto en el Senado y conciliar con los sindicatos, que abiertamente se han opuesto a la iniciativa con múltiples manifestaciones en todo el país.

Hollande considera “vital” y “necesaria” la reforma. Por más protestas ha dicho que “no va ceder como en el resto de países”. Esto lo dice en Francia, un país con tradición  a favor de los derechos laborales. Parece, entonces, que su objetivo es recortar el asistencialismo y emplear un modelo más neoliberal para bajar el desempleo.