La responsabilidad del Estado, los procesos de legalización y los impactos ambientales, económicos y sociales, de la minería ilegal fueron analizados por la Procuraduría en un informe oficial.

 "La dimensión que ha adquirido actualmente la minería ilegal en Colombia demanda del Estado acciones de corto, mediano y largo plazo, así como definiciones de política pública en materia económica, social y ambiental", señala el documento.

Según el ministerio Público, es preocupante que en el censo minero del país, al que califica como "deficitario", se evidencia que la minería ilegal constituye un inmenso porcentaje de las explotaciones que se realizan en Colombia.

En concepto de la Procuraduría existe una estructura normativa minera ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a un alto grado de inseguridad jurídica para los receptores de la norma. Indica además que los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería no son objeto de estudios previos que involucren contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental, el territorial y el económico.

El informe señala la necesidad de diseñar una política minera clara y estructurada que involucre de forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que esta conlleva, sobre todo en lo que respecta a protección de comunidades y grupos sociales vulnerables. En el mismo sentido, considera inaplazable fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente sostenible, sin distinguir para tal fin los volúmenes de explotación.

Otro aspecto sobre el cual llama la atención este informe es que hoy un sector de la minería ilegal guarda una estrecha relación con grupos al margen de la ley; y con procesos de narcotráfico y lavado de activos presentes en territorios mineros, mientras que las autoridades locales y regionales se encuentran muchas veces en incapacidad de hacer frente a esta amenaza.