El juzgado séptimo administrativo del circuito de Sincelejo, Sucre condenó a la Nación, al pago de 2,1 billones de pesos para reparar a 44.568 personas que fueron desplazadas por la presión de grupos armados ilegales.

El fallo sostiene que el Estado no formuló un plan de atención integral, lo que permitió la tragedia humanitaria.

Por su parte, la defensa del Gobierno sostuvo que “este tipo de fallos abre la puerta a la insostenibilidad a la absoluta imposibilidad de que las víctimas del postconflicto sean reparadas”.

Así las cosas, el proceso judicial pasa a manos de la Sección Tercera del Consejo de Estado.