El gobierno busca profundizar este modelo mediante locomotoras que ignoran la industria como eje central del cambio estructural

El modelo de globalización asimétrica, dominante en las decisiones estatales de las últimas décadas, ha significado la pérdida de cruciales políticas de desarrollo y de transformación productiva, el retroceso de la industria y la creciente reprimarización de la economía colombiana; su marcada tendencia hacia la especialización en extracción de recursos naturales evoca cada vez más la época colonial. El gobierno busca profundizar este modelo mediante locomotoras que ignoran la industria como eje central del cambio estructural. “No hay una referencia explícita de la industria en las locomotoras y ese es uno de sus defectos”, afirma José Antonio Ocampo1/. Un defecto grave, en efecto, pues la minería no sustituye el papel de la industria en el crecimiento, y menos aún un sector minero sin grandes encadenamientos productivos con la industria nacional y los servicios. “Para los países en desarrollo, el imperativo de impulsar este sector [la manufactura] es vital”2/. Por una parte por el impulso a la productividad y sus efectos dinámicos que contribuyen a reducir la brecha con las naciones industrializadas en una “convergencia no condicionada”, a diferencia de otros sectores que requieren de variables y políticas externas, y por otra por sus importantes demandas de empleo no calificado.
La consecuente reducción de la desigualdad constituye una razón fundamental para el impulso de la industria, más aún para un país como Colombia cuyo tercer puesto en desigualdad entre 129 naciones debería obligar un cambio de rumbo.

Realidades
El discurso oficial supone que la locomotora minera juega un papel similar al de la industria; no ha sido así en empleo, ni en su complementación con el ahorro nacional dados las ingentes utilidades giradas al exterior por los inversionistas extranjeros en el sector. Tampoco su publicitada contribución al fisco ha sido satisfactoria, como lo ha demostrado el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, quien además ha revelado prácticas fraudulentas utilizadas por las empresas del sector 3/. Vale la pena referir algunas cifras de la crucial e inquietante investigación de la DIAN.
En cuanto al contexto fiscal nacional el costo de las gabelas otorgadas bajo el mandato Uribe fue monumental. Para personas jurídicas, entre 2002-2010, los descuentos tributarios sobre impuesto a la renta ascendieron a $ 2,2 billones; el costo fiscal de las rentas exentas fue de 16,5 billones y el costo fiscal por deducción por activos fijos de 18,4 billones. No es de extrañar por lo tanto que el total del impuesto a cargo para dichas empresas (295 mil) representara apenas un ínfimo 1,9% y 2% de su renta líquida gravable en 2009 y 2010 y, para 136.000 empresas el 3,4% y 3,7% en los mismos años. Estas cifras son reveladoras de las prioridades distributivas y de la ausencia de un sistema de auditoría que impida el gran desfalco al fisco. Por fortuna el actual director del DIAN ha probado su voluntad de modificar esta situación.
Ortega revela además datos reportados a la DIAN que sugieren un gran fraude a impuestos por parte de estos contribuyentes. Por ejemplo, los costos de nómina reportados por 295 mil personas jurídicas contribuyentes pasaron de 89 billones a 121 billones, 35% de incremento; en el caso de 8.240 contribuyentes dichos costos aumentaron 60% (de 58 billones a 92 billones), mientras los parafiscales sólo crecieron 1%, y para 98 mil personas jurídicas el aumento reportado fue de 187% (de 17 billones a 51 billones), mientras los parafiscales se mantuvieron igual. En todos estos casos, los incrementos en los costos de nómina, dice Ortega, no concuerdan con el desempleo o aumento en los sueldos ni con el aumento en el consumo.

Preocupaciones
La situación para el sector minero es particularmente preocupante. El elevado incremento de los precios de productos mineros no guarda correspondencia con los impuestos pagados. Antes bien, en 2009 la deducción por inversión en activos fijos redujo la base gravable en más de una cuarta parte, 25,4%, y en 2010 en 19,85%. La deducción especial por activos fijos reales productivos en sólo petróleo y gas natural y servicios relacionados sumó $10,6 billones de 2008-2010. La relación impuesto/renta líquida gravable en minería en 2010 fue de 6,61%; a su vez los impuestos representaron 7,34 % de los ingresos netos en petróleo y gas, el 2,49 % en servicios para petróleo y gas, el 4 % en carbón y 4,99% en metales preciosos.
Por otra parte existen llamativas divergencias entre el patrimonio líquido declarado para impuesto al patrimonio vs. el declarado para impuesto de renta; el primero representó apenas 53,3% del segundo en promedio en minería entre 2008-2010. Razones de espacio impiden reproducir una gran diversidad de prácticas fraudulentas mencionadas por Ortega, utilizadas por las empresas mineras con el fin de favorecerse de la deducción especial, aumentar costos artificialmente y reducir la base gravable, alimentando la corrupción.
Las cifras presentadas por Juan Ricardo Ortega revelan una dramática realidad. Las prioridades redistributivas del gobierno Uribe favorables al gran capital y a la minería se reflejan en los ínfimos impuestos pagados por este sector, pasando por alto los enormes costos ambientales. La fiscalidad del sector minero explica en parte la enorme desigualdad existente en Colombia. No es gratuito que la participación del trabajo en el PIB se haya reducido de 34,6 en 2002 a 31,1% en 2007, resultado del proceso de desindustrialización, el auge minero y sobretodo de políticas distributivas regresivas. Sin cambios profundos en las reglas de juego y particularmente en la fiscalidad del sector minero, el impulso a cadenas productivas industriales y bajo verdaderas políticas de protección a la naturaleza, el legado del sector será el destrozo económico y ambiental de Colombia.