La minería  ilegal, a hoy, podría ser más peligrosa que el narcotráfico. Ese escenario ya de por sí dimensiona la gravedad del fenómeno a que se está enfrentando el país.

Según estadísticas de la Policía, desde que se inició la ofensiva contra la minería ilegal (que es distinta de aquella formal y a gran escala, como también de la artesanal e informal), van 4.616 personas capturadas y 1.421 socavones o puntos de explotación extraviados.

El director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, coronel José Gerardo Acevedo Ossa, reveló que desde el primero de enero de 2010 a la fecha se han adelantado más de mil operaciones contra esta actividad ilegal que hoy es la principal fuente de recursos de bandas criminales, las Farc y el Eln.

Pese a esos resultados, no es nada fácil derrotar este flagelo, porque tiene situaciones complejas y transversales.

Por ejemplo, para la Procuraduría General es un error pensar que la minería ilegal solo impacta en términos legales, puesto que, en realidad, tiene amplísimas consecuencias en sectores medioambientales, económicos, de legitimidad estatal y, obviamente, de seguridad.

Afirma el Ministerio Público que algunas de las implicaciones de la minería ilegal pueden reflejarse en el desconocimiento de sistemas de control y protección sobre recursos naturales como la licencia ambiental; evasión fiscal de la actividad minera y el impacto que esto tiene sobre las regalías hacia las regiones; generación de dificultades para que el Estado construya políticas públicas de impacto positivo real en materia minera; impacto ambiental, pues al ser ilegal no respeta zonas de ecosistemas sensibles como los páramos; dificultad para construir planes de ordenamiento territorial eficientes, que conozcan usos del suelo y subsuelo; desconocimiento de todos los mecanismos de protección laboral y estímulo al trabajo infantil.

Insiste la Procuraduría que “en términos generales, la minería ilegal tiene serios impactos nocivos en el desarrollo del país al acelerar, en primer lugar, la explotación ilegal de recursos mineros ante una eventual escasez, golpeando cualquier intento de desarrollo sostenible, en otras palabras, el equilibrio entre desarrollo económico y gasto de oferta ambiental es insostenible”.

También advierte el Ministerio Público que la minería ilegal se asocia con otras actividades ilícitas como el contrabando y otras mafias como la de los combustibles e incluso con formas modernas de esclavitud.

Todo ello para concluir que la minería ilegal como el narcotráfico o el secuestro, genera iguales o mayores recursos a los grupos delincuenciales.

 

Multimillonarias ganancias

 

Para el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, la lucha frente a la minería ilegal sí ha dado frutos y evidenciado la alta relación de la guerrilla con esta actividad.

“En operaciones que hemos adelantado, por ejemplo, cuando se neutralizó a Danilo García, mano derecha del máximo cabecilla de las Farc, alias Timochenko, se encontró que había generado más de 16 mil millones de pesos en los dos últimos años, producto de la minería criminal en una sola región y para un solo frente”, precisó el alto oficial.

En el caso del Eln, según León Riaño, “tenemos información que instauró un ‘impuesto minero’ y cobra por la maquinaria… Cada uno de los mineros artesanales debe pagar una suma de dinero por la producción diaria, semanal o mensual”.

“No hay una cifra real, pero los ingresos son multimillonarios y no podríamos hablar de 20 mil millones de pesos anuales... Esa cifra es superada ampliamente por el accionar de esos grupos armados al margen de la ley que intimidan a los mineros artesanales que deben pagar con creces su actividad”, precisó.

El director de la Policía afirmó que guerrilla y Bacrim cobran “por todo”, es decir, obtienen participación por la utilización de la maquinaria empleada para la explotación y, también por el oro, la plata y los minerales negros como el coltán, tantalio o titanio.

Esto último es clave toda vez que el precio de los minerales negros supera el del oro y, comparativamente, también supera las ganancias de varias actividades de narcotráfico.

 

Resultados de operativos

 

Aún así los resultados de los operativos de las autoridades han sido positivos. Hasta el momento 1.421 minas fueron intervenidas, mientras que otras 994 quedaron suspendidas.

Según el coronel Acevedo Ossa también se destruyeron 24 retroexcavadoras, un motor y seis dragas. Igualmente se incautaron e inmovilizaron 955 retroexcavadoras, 28 buldócer, 701 motores, 504 motobombas y 399 volquetas. A todo lo anterior debe sumarse el decomiso de 67.054 galones de ACPM y 20.680 galones de gasolina.

En cuanto al material minero recuperado, las cifras también son positivas. De oro la Policía ha decomisado 21 kilos y 891 gramos de mercurio.

El coronel Acevedo Ossa advierte que, además del componente delictivo, la minería trae otras consecuencias negativas en materia de deterioro del capital y el tejido social. “La presencia de yacimientos mineros ha conllevado a un aumento poblacional y asentamiento de población migratoria, generando conflictos sociales, culturales y de convivencia entre campesinos nativos y foráneos”, sostiene.

Asimismo, la actividad ilegal “genera un gran flujo de capital, situación que incide en un aumento de los hechos de violencia o de intolerancia, producto de conflictos generados por la invasión y posesión de terrenos, desplazamiento forzado, hacinamiento y la explotación laboral infantil”.

El jefe de Carabineros y Seguridad Rural reveló que el impacto ambiental negativo es tan alto que se ha arrasado con miles de hectáreas de bosques nativos y praderas. Reveló incluso que una sola mina equivale aproximadamente a una localidad de Bogotá y uniendo todas ellas fácilmente se logra la misma extensión que tiene la capital del país.

Los diagnósticos de los expertos sostienen que entre los daños ambientales que produce la minería están cambio en las propiedades físicas y usos del suelo; activación de procesos erosivos y riesgo de desestabilización de terrenos; alteración de las geoformas predominantes, la calidad visual del paisaje así como de zonas y áreas de drenaje natural conectadas con cuerpos de agua superficiales. Igualmente hay un cambio en el flujo y la dinámica de corrientes superficiales y una disminución de la disponibilidad del recurso hídrico para su uso.

A todo lo anterior deben sumarse efectos nocivos como la generación y disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos; disminución de la cobertura vegetal; pérdida de biodiversidad y del hábitat apropiado para la fauna.

Los suelos que venían siendo dedicados a la agricultura y la ganadería, terminan contaminados e infértiles por las toneladas de mercurio y cianuro, entre otros químicos utilizados en esta práctica ilegal. Y, como si fuera poco, en muchas ocasiones estas explotaciones ilícitas han cambiado la topografía de los terrenos, desapareciendo incluso montañas enteras.

 

Mapa delictivo

 

Los servicios de Inteligencia registran que en el sur del departamento de Bolívar, el Eln exige el cinco por ciento de la producción a cada minero ilegal. Sus actividades clandestinas se registran en los municipios de Arenal, Morales, Santa Rosa, Simití y Norosí.

Ya en La Guajira, las Bacrim de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ controlan y exigen importantes sumas de dinero a los mineros ilegales en Dibulla, Mingueo y Palomino.

Mientras tanto en el Tolima, las Farc exigen a los mineros ilegales el diez por ciento de la producción total, especialmente en los municipios de Ataco, Villa Hermosa y el Cañón San Romualdo en Anzoátegui.

En cuanto al Valle del Cauca, los servicios de inteligencia dan cuenta que ‘Los Rastrojos’ controlan la producción y exigen a cada minero artesanal el 10 por ciento del total de la producción, especialmente, en Zaragoza, en Cali, en el parque Farallones, corregimiento de Payando y la quebrada de San Pablo, en Pance.

En el Quindío, los grupos armados al margen de la ley exigen importantes sumas de dinero a los mineros ilegales, especialmente en Armenia, Montenegro y Quimbaya.

En el Guainía, el frente 16 de las Farc extorsiona también con el mismo porcentaje a quienes buscan oro y coltán, especialmente en la serranía de Naquen, en el río Inírida, el Venado y Zamuro.

También se detectó que en Nariño hay alianzas entre la columna móvil “Daniel Aldana” de las Farc, el frente “Comunero del Sur” del Eln y las bandas criminales al servicio del narcotráfico para controlar toda la minería ilegal y extorsionar a los artesanales.

Allí guerrilleros y antiguos paramilitares tienen control total no solo en la producción sino en la maquinaria empleada para estas actividades y cobran un millón de pesos mensuales por la explotación de cada mina ilegal, especialmente en Mallama, en Tumaco, y en Ricaurte.

En Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón y Santa Lucía, en Putumayo, el frente 29 de las Farc cobra tres millones de pesos mensuales por cada retroexcavadora que opere en las minas ilegales.

En el Cauca, el frente 29 y ‘Los Rastrojos’ se enfrentan por el control territorial. Y en otros sectores la columna móvil “Jacobo Arenas” de las Farc exige a los dueños de las minas ilegales importantes sumas de dinero que a veces llegan al 30 por ciento de la producción total.

En el Caquetá, el frente 49 cobra “vacuna” a los mineros ilegales para dejarlos trabajar. Además, esta estructura subversiva también cuenta con sus propias drogas sobre el río Caquetá y en jurisdicción de Puerto Solano y Araracuara.

Como es apenas obvio, en el Chocó y Antioquia, la minería ilegal no escapa a la acción de los grupos armados. Por ejemplo, en zona rural del municipio de Nóvita (Chocó), la Policía Nacional encontró un panorama desolador por la contaminación de las áreas ambientales más valiosas del país. Según testigos, un pedazo de la selva del Chocó fue reemplazado por ‘piscinas’ de mercurio y cianuro por parte de los buscadores de oro. La extensión afectada podría compararse con una localidad de la capital del país.

Mientras tanto, en el Amazonas las autoridades ambientales afirmaron que encontraron miles de hectáreas de selva deforestada, a lo que se suma que los mineros ilegales esconden la maquinaria en los parques naturales.