Vannesa Romero
Periodista EL NUEVO SIGLO
Al denunciar la falta de una política de agua ágil y moderna, evidenciada no solo en la privatización del recurso sino en un inequitativo marco tarifario, algunos expertos coinciden en que se necesita un cambio fundamental en la administración del líquido.
Mientras el gobierno insiste en que, por ejemplo, se han invertido $122 mil millones solo en el tema de aguas residuales, otros argumentan que la solución es aplicar una normatividad ágil y moderna para el sector.
Destacan que una de las soluciones de la población para abastecerse del preciado líquido es el uso de las aguas subterráneas en algunas zonas del país, pero hay muchas empresas privadas que se benefician de esa situación para lucrarse de un bien público.
Para el director de la Fundación al Verde Vivo, Fernando Vásquez, “el agua ha sido negocio hace muchos años, lo que pasa es que en una sociedad capitalista el sistema como tal tiene debe volverlo todo mercancía”.
Privatización
Considera que si se está en una economía de oferta y demanda “y de tasa de retorno, el sistema como tal tiene que reproducirse y perpetuarse, y el agua hace mucho tiempo ha sido privatizada. Por ejemplo el agua que usa Coca-Cola, en una lógica tendría que ser un derecho humano, pero aquí se tiene solo en teoría y vía concesión, la privatizan”.
De tajo rechaza los comentarios de quienes defienden las concesiones puesto que “una concesión es una privatización, es solo por un periodo de tiempo pero finalmente lo es”.
Indicó que precisamente surgieron movimientos que promovieron el recurso como un derecho fundamental “pero fueron bloqueadas por la política. Se hizo un movimiento, se consiguieron las firmas pero el Congreso lo bloqueó, lo bueno es que el movimiento continúa”.
Cree que sí se debería comenzar a cobrar es la contaminación del mismo líquido pues el río Bogotá “lleva desde el 52 recibiendo vertimientos de aguas residuales domésticas y no hay un permiso claro para que el acueducto haga eso. Eso a nadie alarma”.
Al ser preguntado sobre los principales retos para que la política de agua sea más efectiva, adujo que no hay política del agua en Colombia, “no hay ley de agua o de bosques, es chueca. La legislación colombiana está muy atrasada en ello y las instituciones son ineficientes”.
En sentido similar se mostró el ex director del Colciencias, Carlos Fonseca para quien “hay un movimiento fuerte en el mundo del agua como derecho fundamental. Todos tenemos derecho al acceso al agua siempre y cuando el uso sea responsable, por eso creo que debe haber claramente establecido un consumo básico y un consumo suntuario, este último debe ser cobrado”.
Sostuvo que esto aplica especialmente para estratos bajos, “el derecho fundamental del derecho al agua debe ser respetado, pero todo consumo adicional suntuario debe ser cobrado”.
Sin embargo, dijo, todavía tenemos que ajustar mejor esos precios porque puede pasar “que tengamos seis estratos sino más porque la diferencia entre el más pobre y el más rico en Colombia es muy grande, aunque se ha demostrado que ha ido cambiando”.
Recordó que hace pocos días el Presidente Juan Manuel Santos anunció $180 mil millones del Fondo de Adaptación para hacer los POMCA “planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, ojalá que allí se incorporen todas las medidas de gestión del riesgo para las poblaciones vulnerables y que no se asienten en sitios propicios a las inundaciones”.
Agregó que también se anunció “que iba a correlacionarse con políticas de delimitación de páramos, de zonas de protección y zonas de recargas de acuíferos y el país avanza mucho más en la necesidad de utilizar aguas subterráneas”.
Para él, las aguas subterráneas le pertenecen a la nación “y la nación representa al pueblo. La agencia que representa eso es el servicio geológico colombiano y le hemos propuesto que se una a la gran expedición del agua, la diversidad y el territorio. Se trata de que hagamos un esfuerzo para que conozcamos más las aguas subterráneas y las fallas geológicas”.
Sin embargo, “la ola de privatización ya paró porque se dio cuenta el país de las limitaciones que tiene, a veces sirve que los privados sean quienes por concesión administren el recurso, pero hay unas demostraciones claras como el caso de EPM y EAAB, en las cuales el Estado ha demostrado que puede operar bien”.
Gobierno defiende inversión
El viceministro de Agua y Saneamiento, Iván Mustafá Durán, destacó precisamente en el marco del Congreso de Acodal que se están evidenciando “los 4 billones de pesos que estamos ejecutando para saneamiento básico”.
Por ejemplo, dijo, en Atlántico, con 10 millones de habitantes, se invirtieron más de 1 billón de pesos, “para el Pacífico con 8 millones de habitantes, fueron mil millones de pesos”.
Declaró que se han terminado más de 374 proyectos en estos dos años y medio de gobierno en acueducto y alcantarillado, por más de 360 mil millones de pesos en 21 departamentos.
“Ya estamos ejecutando más de 4 billones de pesos en obras beneficiando a más de 9 millones de personas y más de 1 billón de pesos a través de los planes departamentales de agua y a través de unos proyectos emblemáticos cerramos esas brechas de pobreza como los programas rurales de redes intradomiciliarias”, dijo.
Recursos
Por su parte el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao comentó que “gracias a un superávit de 5 billones de pesos provenientes de las regalías, los sectores de agua y saneamiento contará en los próximos meses con recursos adicionales por $1 billón”.
Dijo que el funcionario aseguró que estos recursos se destinarán a 260 proyectos en 27 departamentos.
Durante el Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, la presidenta de Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo, advirtió que “en el anteproyecto de presupuesto nacional de 2014, las inversiones en el sector por cuenta de esa fuente pudieran reducirse a 10% de las que se vienen desarrollando este año, es decir bajarían de unos $700.000 millones a unos $72.000 millones, según los señala la programación presupuestal que se discutirá en el Congreso de la República”.
De otro lado, la funcionaria reiteró que “alejar al sector de agua y saneamiento de las coyunturas económicas y las turbulencias financieras, manteniendo la dinámica en las inversiones, que por fin, luego de unos cinco años de parálisis, hoy registran una gran ejecución con más de $4,1 billones provenientes de la Nación, movilizados a más de 700 municipios de todo el país”.
“Nos preocupa, Señor Ministro Henao que los recursos programados en el Anteproyecto de Presupuesto para 2014, alcancen apenas el 10% de los recursos asignados en 2013”, dijo.
Piden avances en aguas residuales
Sin desconocer los avances del Gobierno Nacional en la aplicación de una política de agua, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en cabeza de Diana María Espinosa, llamó la atención para que los esfuerzos se centren en la profundización del tratamiento de aguas residuales.
Sus comentarios se dieron en el marco del Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, en Santa Marta, que llega a su versión número 56, en donde Espinosa comentó que “la política tiene que profundizar más hacia el tratamiento de aguas residuales. Pensamos que vamos a llegar primero al tema de agua potable y no”.
Explicó que definitivamente “el país necesita tratar adecuadamente sus aguas residuales, seguir con los recolectores finales entre cada uno de los municipios y continuar con la inversión en el sector rural del país”.
A renglón seguido opinó que se hace necesario que en estos casos, la inversión extranjera y la colombiana vayan de la mano, es decir “que en todas las licitaciones que se hacen en Findeter, por lo menos, el 50% de la participación sea colombiana”.
En ese sentido, la presidente de la SCI añadió que las estrategias aplicadas deben ir acompañadas de acciones como el aumentar el número de plantas de tratamiento del líquido.
“Necesitamos más plantas para tratar el agua porque la cantidad es insuficiente, la capacidad es insuficiente, los metros cúbicos tratados son insuficientes para lo que se está produciendo. El país no ha solucionado su problema de agua potable y le falta mucho para solucionar el problema de aguas residuales”, añadió.
Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos recordó que el Gobierno “está invirtiendo $122.000 millones en 16 proyectos para el tratamiento de aguas residuales con los que esperamos beneficiar a 900.000 colombianos”.
Por lo que el mandatario resaltó que la intención es que el agua que llega a los ríos preserve el ambiente y no lo contamine.
Al respecto, también hizo énfasis en que para seguir multiplicando dicho bienestar y continuar prestando esos servicios a los colombianos, “debemos hacer un manejo responsable y sostenible de nuestras reservas y nuestras fuentes de agua”.
Recordó que se trabaja en la descontaminación de los ríos Cauca y Chicamocha y la laguna de Fúquene, “a través del tratamiento del 100 x100% de las aguas residuales en poblaciones como Tuluá, Tunja y Chiquinquirá”.
El Jefe de Estado dijo en su saludo a los asistentes al congreso de Acodal que “en los casi tres años que llevamos de Gobierno, hemos avanzado con mucha eficiencia en las metas que nos trazamos, gracias a que triplicamos las inversiones en acueducto y alcantarillado, de $200.000 millones en el año 2011, pasamos a más de $740.000 millones este año”.
Esto significó que se llevó el servicio de acueducto por primera vez a casi 2 millones y medio de colombianos que no lo tenían”.
Adicionalmente, recordó, “creamos el programa de conexiones intradomiciliarias para que los colombianos más vulnerables puedan tener un acceso de calidad a los servicios de agua potable y saneamiento básico, gracias a los $120.000 millones que hemos invertido en este programa, 100.000 colombianos han podido hacer a un lado sus totumas, su platones, porque ya tienen conexiones en sus casas”.
Infraestructura
De otro lado, la presidente de la SCI comentó que en materia de inversión de infraestructura “debe continuarse, no podemos pensar que esta inversión es suficiente”.
Para ella, los $44 billones que está trabajando la Agencia Nacional de Infraestructura son muy importantes puesto que Colombia “nunca había tenido una inversión de este tipo, pero realmente es insuficiente”.
Por ello, consideró que “lo importante es el cumplimiento estricto de la ley 80, la voluntad de los contratantes y contratistas para que se ejecuten las obras, con unas especificaciones técnicas adecuadas y unos diseños de proyectos que permitan la ejecución en el tiempo establecido, podemos hacerlo”.
Resaltó que lo importante es tener un proyecto muy bien estructurado técnicamente “para saber exactamente cuáles son los recursos que se necesitan para ejecutar la obra en perfectas condiciones”.