Por irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la Estampilla Pro-ciudadela Universitaria en las vigencias 2009, 2010 y 2011, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública suspendió por cuatro meses al gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Con esta decisión ya son cuatro los mandatarios departamentales que se han visto afectados por medidas del Ministerio Público, el Consejo de Estado y la justicia penal en lo que va corrido del año.

La sanción al gobernador Verano de la Rosa tiene que ver con hechos ocurridos en el primer periodo para el cual fue elegido, 2008 al 2011.

Los recursos obtenidos por la Estampilla Pro-ciudadela Universitaria tienen destinación específica, pero según el Ministerio Público se autorizaron en los presupuestos de las vigencias 2009, 2010 y 2011, gastos de funcionamiento que no están reglamentados por un valor superior a $4.231 millones.

El Ministerio Público explicó que la sanción al Gobernador del Atlántico está enmarcada en un proceso que se abrió con base en los hallazgos fiscales encontrados por la Contraloría del Atlántico en el manejo de esos dineros.

Señaló el ente de control que haber autorizado gastos de funcionamiento con cargo a los dineros de esta estampilla que tienen destinación específica, se constituye en una conducta grave a título de culpa.

Por tratarse de una decisión de primera instancia  por parte de la Procuraduría, el gobernador Verano puede mantenerse en el cargo mientras que el Ministerio Público resuelve la apelación que ya presentó.

“El salario del secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria no lo debe pagar el departamento del Atlántico, lo debe asumir la Junta Pro-ciudadela porque esta Secretaría no es un ente de la Administración Departamental sino un organismo creado para la administración de los recursos de la Estampilla”, explicó Verano.

Esta decisión en contra de Verano de la Rosa se suma a que ya fue anulada la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri, así como la de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Por su parte el gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla se encuentra privado de la libertad.

Mientras que los alcaldes de Yopal,  Jhon Jairo Torres, y el municipio de  Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño, están en este momento privados de la libertad.

Este accidentado  arranque de los mandatarios regionales que ganaron en las urnas  en octubre pasado sorprende, pues apenas ha trascurrido un semestre de los cuatro años para los cuales fueron elegidos.

En este sentido se abre la discusión si falta sinceridad de algunos aspirantes a estos cargos de elección  por guardarse hechos que constituirían impedimentos para ocuparlos o si se requiere mayor control por parte de los partidos para verificar los antecedentes de las personas que avalan.

Al final salen perdiendo son los habitantes  del departamento o el municipio, pues se generan problemas de gobernabilidad y atrasos en el cumplimiento de los programas de gobierno mientras se define la situación de los mandatarios encartados  o se realizan comicios atípicos para elegir nuevas autoridades.

Los casos

El pasado 10 de marzo, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, al encontrar que fue reelegido siendo que está prohibida la reelección inmediata de gobernadores, de conformidad con lo establecido en el Artículo 303 de la Constitución Nacional.

El Gobernador de Caldas ocupó por primera vez ese cargo por 543 días tras ser elegido en el año 2011 y hasta mayo del 2013, cuando el Consejo de Estado anuló su elección por incurrir en violación al régimen de inhabilidades, dado que su esposa había ejercido el cargo de Secretaria de Hacienda de Manizales 12 meses antes de las elecciones en que fue elegido como mandatario regional.

Sin embargo, Echeverri sigue despachando  por los recursos que ha presentado ante el Consejo de Estado por esta decisión.

El pasado 7 de junio, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Oneida Rayeth Pinto Pérez como gobernadora del departamento de La Guajira.

En la demanda se le acusó a la Gobernadora de violar la prohibición contenida en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, según la cual, quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes.

Ocurre que la demandada fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015 y ocupó tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. Pese a lo anterior, la señora Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015.

El presidente Santos designó como gobernador (e) de este departamento al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, mientras que se practican elecciones atípicas.

En tanto que a principios de abril pasado se entregó a las autoridades el gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente pedir dinero a sus subalternos en la unidad de trabajo legislativo cuando ofició como representante a la Cámara entre los años 2006 y 2010.

Alcaldes

En este momento dos alcaldes de ciudades capitales están privados de la libertad, el primero de ellos del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí Cermeño, quien el 26 de febrero pasado fue capturado por su presunta participación en delitos electorales que se habrían producido en la campaña que adelantó como candidato para las elecciones del pasado 25 de octubre.

El burgomaestre es investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado, esto último porque habría ocultado al Consejo Nacional Electoral el origen de los recursos para financiar su campaña.

En tanto que el pasado 6 de marzo, fue capturado el alcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres, mejor conocido como ‘Jhon Calzones’, quien es acusado de enriquecimiento ilícito en más de $50 millones entre 2012 y 2015 así como por lavado de activos, relacionado con un caso de urbanización ilegal.

La semana pasada, Torres fue capturado nuevamente después de que la Fiscalía  lo requiriera otra vez.  En dos oportunidades anteriores había sido dejado en libertad por los jueces.