EN tanto avanzan con brisa suave al ritmo del son cubano las conversaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, la opinión pública no muestra el mismo entusiasmo que se conoció durante los acercamientos diplomáticos del entonces presidente Andrés Pastrana, con ese mismo grupo subversivo. Es natural que desde que se rompió la negociación en la zona de distensión del Caguán prevalezca entre la población un cierto escepticismo. En ese momento el apoyo interno a la política de distensión era abrumador, las condiciones nacionales e internacionales estaban dadas para alcanzar la paz, sin intervención de países o políticos extranjeros, se negociaba en territorio colombiano ocupado transitoriamente por los violentos, que fueron expulsados de allí por orden del Gobierno Pastrana, como Comandante de las Fuerzas Armadas, cuando los halcones de las Farc rompieron las negociaciones. Entonces, no solamente se perdió una oportunidad única de deponer las armas, de abandonar el terrorismo y conseguir un acuerdo favorable para ambas partes y para el país, sino de parar una guerra atroz que tantas vidas le ha costado a Colombia, con posibilidades de que los desmovilizados que no hubiesen cometido delitos de lesa humanidad se reintegrasen a la vida civil, sino de salirse a tiempo de un negocio criminal que se ha constituido en el trasfondo del conflicto.
Lo cierto es que durante esas mismas fechas el gobierno de Andrés Pastrana rearmó a las Fuerzas Armadas y negoció sin comprometer la soberanía nacional el Plan Colombia. Es evidente que con los exclusivos recursos del país, no era fácil reducir a los guerrilleros de las Farc y otros elementos subversivos. Desde entonces, gracias a la superioridad aérea que consiguió el Gobierno el curso de la guerra cambió. Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que resultó elegido en parte en la convicción popular de que debería aniquilar a las Farc, la FAC cumple un papel decisivo en el bombardeo en la frontera con Ecuador del campamento en donde se refugiaba Raíl Reyes. Campamento en el cual se entrenaban terroristas colombianos y del exterior. En el tiempo que lleva en el poder Juan Manuel Santos, la FAC ha sido determinante en impedir los avances de la guerrilla y destruir los campamentos del Secretariado.
Por lo anterior, el fallo de la Corte Interamericana, sobre el caso de Santo Domingo, que había sido atendido por la justicia colombiana, cobra la mayor importancia, puesto que se sabe que en ese Tribunal tienen influencia grupos de extrema izquierda, que buscan paralizar por la vía judicial la acción decisiva en el conflicto armado de la Fuerza Aérea Colombiana. Entuerto que debe prender las alarmas de nuestra diplomacia, antes de que se avance a presiones políticas. Es evidente que sobre un caso de política interna juzgado por nuestras instituciones no tenía la Corte Interamericana jurisdicción. Y no se crea que con pasar de agache, como dicen popularmente, la conjura va a parar allí. Es obvio que lo que intentan con el concurso solapado de litigantes del exterior en connivencia con sus comilitones del país, es obstruir y, dado el caso, paralizar la acción de nuestras naves de combate contra la insurgencia, mientras se está en conversaciones con los subversivos en La Habana.
En contraste con jugadas judiciales como esa, tenemos que un informe de inteligencia confirma que la Farc se han reducido por cuenta de los combates con el Ejército durante los gobiernos de Uribe y Santos, a unos 7.000 hombres aproximadamente. Si no fuese por cuanto cuentan con el apoyo de los negocios ilícitos que les permite mover capitales gigantescos y esconderse tras verdaderas montañas de dinero, sería un caso simple de Policía. No se trataría de una guerra o conflicto armado de baja o modestísima intensidad, sino de un simple caso policial. Esa circunstancia debe hacerlos reflexionar para que depongan las armas y se entreguen. Y deben comenzar por dar muestras de querer realmente la paz, liberando a los secuestrados que todavía permanecen en su poder. El cese unilateral del fuego es un paso adelante, al tiempo que han dado otros pasos atrás con los discursos anacrónicos que han sido publicitados aquí y en el exterior. Es verdad, que de momento intentan conseguir la beligerancia y un estatus especial para sus jerarcas en el exterior, que les garantice la movilidad en la impunidad. Todo lo cual se desvanecerá si no cumplen con los cinco puntos que se pactaron con el Gobierno y se intenta engañar a la opinión pública, que tiene enormes dudas sobre esas negociaciones. Es una cosa muy distinta que los colombianos en su amplia mayoría quieran la paz, y otra que estén por un proceso que signifique la impunidad y el triunfo diplomático de los violentos.