UN grupo de congresistas  de distintas corrientes políticas se oponen a que los inversionistas del exterior inviertan de manera ilimitada en los campos. El tema alimenticio es de seguridad nacional. Un país como Japón produce arroz a un alto costo, quizá el más caro del  mundo. Según el pensamiento del neoliberalismo salvaje, sencillamente, lo que esa nación debiera hacer es dejar de comprar a sus cultivadores e importar ese alimento básico para sus habitantes. Y resulta que no. En la medida que se entiende que Japón es un país con numerosas islas y poco espacio, ellos son conscientes de que aunque los costos de producción en ese campo son altos, el cultivar en su suelo les garantiza el abastecimiento y no tienen que depender del extranjero. De igual forma defienden los ingresos de sus campesinos que por generaciones se han dedicado a esos cultivos. Se trata de conservar un mínimo de autarquía para garantizar la seguridad nacional, la dieta de millones y millones de seres. Eso que ocurre en Japón obedece, también,  en gran parte a siglos de hostilidad con algunos de sus vecinos. Siendo Japón hoy un país pacifista, de todas formas sus gobernantes siguen siendo precavidos en cuanto tener políticas de prevención y sustentación alimenticia.

Según las condiciones geopolíticas de cada nación y la concepción económica oficial dominante se tienen políticas para defender y proteger la agricultura. En Estados Unidos y Europa los subsidios a los campesinos son comunes. Ese ha sido uno de los dolores de cabeza cuando se trata de negociar convenios con esos países, que no ceden en ese campo.  Mientras, entre nosotros, los gobiernos tienden a ser una tanto laxos en  la defensa del los productores del agro, puesto que en los campos se cuenta con menos, muchísimo menos habitantes (léase votantes) que en las grandes urbes. La excepción en ese terreno ha sido por décadas los cafeteros, los azucareros y, más recientemente, los palmeros, junto con los floricultores. Esos tres sectores están bien organizados y tienen una gran capacidad de presión, por lo que han recibido gran ayuda oficial. En tanto, millares de labriegos quedaron a su suerte y  fueron despojados por los las Farc o sus antagonistas armados, donde la peor parte la pagaron los campesinos inermes expulsados por la fuerza de sus tierras.

La idea citadina del campo es insolidaria. A menudo se olvida que vivimos en un país tropical y que cultivar en estas tierras es incierto, no siempre llueve a tiempo y muchas veces pasan meses sin que ello ocurra, lo que sumado a otros problemas fácilmente impulsa  a los labriegos a la ruina. Lo mismo pasa con las autoridades impositivas que consideran rico a cualquiera que tenga un par de hectáreas de tierra. Resulta que en Colombia grandes ranchos al estilo de Larandia, de trágico recuerdo, no tenemos. Pese a que contamos con extensas tierras para cultivar, en las zonas de la periferia que están desde el punto de vista estratégico bajo la presión de la subversión. Y al impedir la inversión extranjera no saldríamos nunca del atraso.

En tales circunstancias, el  ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien ha denunciado penalmente a las Farc por los despojos sistemáticos  a la propiedad de los campesino y está por hacer justicia con la restitución de tierras, se presentó en el  Congreso a combatir un proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se pretende impedir la inversión extranjera, por temor a que nos avasallen las multinacionales y los grandes capitales. El problema en el campo es al contrario según argumentó el ministro ya que  en agricultura la inversión extranjera es modesta. Y se necesitan grandes capitales para hacer gigantescos esfuerzos productivos, en los cuales las inversiones para tecnificar las tierras pueden costar sumas que superan los cien millones de dólares, que los colombianos no tienen para “sembrar” allí. Esas inversiones para desarrollar la periferia del país, se pueden convertir en la principal arma para derrotar la violencia. Se trata también de poner a valer tierras improductivas, que pueden servir para cultivos que producen notables ganancias, como es el caso del  biocombustible. Como la inversión extranjera en agricultura es mínima, lo que debemos hacer es atraerla. Además, como anota Juan Camilo Restrepo, un nacionalista insobornable, esa inversión en tecnología y desarrollo del campo, puede ser la más poderosa arma para la seguridad alimenticia del pueblo colombiano. Y siempre habrá tiempo de legislar en el futuro en caso de que se produzca una invasión de capitales extranjeros, lo que no se ve y por el contrario, se sabe que algunos inversionistas foráneos se han ido al no encontrar suficiente seguridad jurídica para modernizar y hacer mas productivo el agro.