El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, no estuvo de acuerdo con las críticas de la ONG Human Rights Watch, por la absolución de políticos que presuntamente tuvieron vinculados con los paramilitares.

Ordóñez dijo que el director de la Organización, José Miguel Vivanco “él desconoce el ordenamiento jurídico colombiano, ignora el derecho disciplinario, ignora las normas disciplinaras”

El jefe del ministerio Público aseveró que los miembros de la organización “ignoran los bines jurídicos que protege el derecho disciplinario e ignora la autonomía de los órganos disciplinarios”.

A Colombia le fue mal en informe de HRW

Colombia se ‘rajó’ en el informe publicado por la organización internacional Human Rights Watch, que señaló que durante el 2013 “en el marco del conflicto armado interno colombiano se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares”.

“Más de 5 millones de colombianos han sido desplazados internamente, y cada año al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos”.

Agrega que “si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia”.

En el informe se detallan las actuaciones de los paramilitares y advierte los abusos que se cometen en contra de la población civil. “A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios”.

La organización también criticó el Marco Jurídico para la Paz, “una reforma constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Farc. La reforma autoriza al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifiquen como sus “máximos responsables”, y ofrecer inmunidad legal a todos los demás que hayan participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos pero no se consideran los “máximos responsables”, una categoría que no se definió en la reforma”.

En el informe también se lanzaron fuertes críticas por violencia de género y contra defensores humanos, periodistas y sindicalistas.