Por Álvaro E. Sánchez H. *

Hace unos años los colombianos nos vimos poco menos que aterrados cuando apareció, en unas tomas de televisión, el Mono Jojoy. El entonces cabecilla  militar de las Farc decía a sus guerrilleros que la lucha se trasladaba a las ciudades y que en la selva solo quedarían “los paujiles, los tinajos y todos esos animalitos”, puesto que la subversión se desplazaba a la guerra urbana; quizá todos tenemos algún recuerdo de ese episodio. Cabe decir que nada de lo que dijo se cumplió con el tiempo: la guerra siguió en nuestros campos y selvas y su exportación a la ciudad no fue muy exitosa; y en esa selva se están extinguiendo los paujiles y otras 48 especies por cuenta de los desastres que ha generado la guerra y por ausencia de control estatal.

El problema no se reduce a la extinción de las especies de fauna, quizá puede llegar a ser más grave el problema generado por la contaminación irreversible del agua, la deforestación masiva y la problemática social que se genera en las actividades ilegales del grupo guerrillero; es cierto que también otros movimientos criminales o ilegales generan similares consecuencias, pero las Farc han tenido presencia en por lo menos 24 departamentos del país.

La coyuntura

En el momento coyuntural del país se juntan dos aspectos que deberían tender a mejorar esta situación. Primero, el Presidente de la República ha estado impulsando tesoneramente un proyecto de paz con el movimiento guerrillero y, segundo, él mismo ha estado interactuando en diferentes foros con ambientalistas del mundo y se ha comprometido con esfuerzos del país para mejorar las condiciones ambientales del mismo. De esta manera cabría contemplar la posibilidad de que dentro de las actuales conversaciones o en una segunda fase, se llegue a acuerdos sobre la protección y reparación del medio ambiente; de una u otra manera su deterioro nos convierte a todos en una especie de víctimas colectivas dado que el medio ambiente es de todos y es parte de la vida.

Los daños causados

Existe un sinnúmero de actividades que al desarrollarse de manera ilegal generan consecuencias sobre el entorno. Veamos algunas de las que han sido desarrolladas en Colombia:

·      La explotación maderera.Dado el bajo o prácticamente nulo control que se ejerce sobre la explotación maderera, esta se convierte en una fuente de financiamiento relativamente fácil de manejar por parte de quienes están en la zona; para ello se utilizan dos maneras: la primera es sacar varias veces madera amparándose en una misma licencia y, la segunda, es sacar la madera simplemente sin licencia de ninguna clase. Esta deforestación ha causado la pérdida de más del 41% de nuestra cobertura vegetal en los últimos cincuenta años. Para apreciar este fenómeno solo bastaría observar el mapa de deforestación que ha elaborado, en buena hora, el Ideam.

·      Los incendios o quemas controladas. La permanente búsqueda de espacios para la ubicación de nuevos cultivos de coca y amapola hace que los terrenos buscados sean los que de alguna manera son difíciles de detectar. Esta característica hace que los terrenos ideales estén en medio de las zonas boscosas o selváticas y, por lo tanto, su adecuación genera también daños de gran tamaño a nuestros ecosistemas. Si se tuvieran dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones, baste ir a la Serranía de San Lucas, en ella los mismos habitantes podrán mostrar la forma en que los cultivos ilícitos se mueven de zona en zona y se extienden cada vez más.

·      La contaminación con metales pesados. La explotación minera, principalmente la del oro, genera inmensos vertimientos de residuos de cianuro y mercurio en las fuentes de agua. Esto ha llevado a que existan municipios del país en los cuales por los acueductos no sale agua sino veneno, con el grave problema de que no existe una real política nacional para recuperar estas fuentes de agua; esto, además, sería terriblemente difícil desde el punto de vista técnico. Se podría argumentar que la minería legal también está contaminando, eso es cierto, pero también lo es que a ella se le puede exigir  el control y se le puede exigir un programa de mejoras; esto no ocurrirá jamás con la minería ilegal.

·      La transculturización. Las diferentes comunidades indígenas que se han terminado por cuasi esclavizar, no son agrupaciones de meras costumbres, por el contrario tienen lenguas propias y organizaciones de sus sistemas de salud, educación, religión, administración y gobierno; si a esto le sumamos el reconocimiento internacional de algunos de estos sistemas de educación y salud, se hace evidente la importancia de mantener el entorno para que estas culturas puedan subsistir y mantener sus entornos naturales; sin embargo, la presión ejercida por los explotadores de las minas ha venido forzando un cambio en el pensamiento y un adoctrinamiento político al que es obligada la comunidad. Si esto sigue ocurriendo, las tradiciones ancestrales que han protegido nuestra riqueza serán reemplazadas por la cultura de depredación del hombre blanco y sus ideas del entorno serán permeadas por idearios políticos que no se preocupan propiamente por el mantenimiento de su hábitat.

·      El bio-comercio ilegal. En la última década se ha venido sabiendo que algunos frentes guerrilleros controlan el tráfico de especies y principalmente el comercio de material biológico. Este, que podría ser un magnífico negocio, en el caso de realizarse sin control puede acabar por generar una destrucción de material endémico; ello tendría un alto costo, no solo para el país, también para el mundo.

Existe una importante cantidad adicional de daños como el vertimiento de precursores químicos en el agua y la voladura de oleoductos y/o poliductos, entre otros; los daños son tantos y tan grandes que la recuperación de los mismos puede llegar a ser imposible.

Creo sinceramente que este tema es tan o más importante que otros en el logro de una paz negociada para el país, que permita garantizar que en un escenario de posconflicto exista voluntad de reparación, control adecuado del Estado y recursos para la reparación; recursos que en el nuevo presupuesto de la nación no quedaron incluidos y que harán falta, no solo para el trabajo interno sino también para cumplir los compromisos internacionales que hemos venido adquiriendo en materia ambiental.

*  Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental"- Escuela de Ingenierías,  Universidad Sergio Arboleda. alsanchez2006@yahoo.es   @alvaro080255