La guerrilla propuso al gobierno de Juan Manuel Santos eliminar el "carácter presidencialista" del Estado entre una serie de reformas para "la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional".
"La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado", señalan en un comunicado leído por su "canciller" Rodrigo Granda.
El documento de las Farc, entregado a la prensa a la entrada de las pláticas en el Palacio de las Convenciones en La Habana, recoge "10 propuestas mínimas", relacionadas con el segundo punto de la agenda común: participación política.
Tienen "el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano", señala.
Las propuestas son: reestructuración democrática del Estado y reforma política; garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno; garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final (de las pláticas).
También "democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación; estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios; y participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica".
La guerrilla pide también "garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos"; estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América; cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".
En cuanto a las garantías para la oposición, las FARC aclaran que "se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores".