La protesta no es, en modo alguno, comparable con las acciones subversivas. Y desde luego es un error monumental, como lo afirman ciertos agentes gubernamentales, el pensar que por haber firmado la desmovilización con las Farc ello pueda traducirse, de inmediato y en consecuencia, en una mayor agitación social.

Por el contrario, uno de los hechos más palmarios de la actividad guerrillera en Colombia es que ningún alzamiento armado produjo alguna adhesión o tuvo representación popular. Por ello jamás se  pudo hablar en el país de guerra civil, puesto que no hubo en lo absoluto una confrontación entre dos sectores poblaciones equiparables. Eso fue lo que llevó, por su parte, a la revolución fallida y a que la subversión nunca tuviera la capacidad de suscitar atención por fuera del terror, el secuestro y la barbarie, lo que a su vez llevó a su aislamiento y la total desconexión con las reivindicaciones populares. Muy diferente, claro está, a otros lugares donde las armas fueron secundarias al respaldo popular.

Al contrario, en la gran mayoría de ocasiones, los sindicatos y líderes sociales trataron de evitar la penetración guerrillera, aunque la estrategia de ésta para infiltrar algunas organizaciones se hizo latente en ciertos sectores. En una época las centrales sindicales, particularmente las de origen conservador o liberal, lograron una cantidad importante de afiliados y obtuvieron amplias reivindicaciones. Ello fue perdiendo paulatinamente vigencia, al unirse con sindicatos de otro origen y, de algún modo, redujeron la fortaleza que tuvieron en otras épocas. No obstante, permanecen algunos sindicatos que continúan siendo un factor social. De hecho, muchas de las protestas actuales no tienen en lo absoluto que ver con las guerrillas, sino con promesas incumplidas gubernamentales, en particular desde el paro agrario y las manifestaciones consecutivas de otros sectores.

La llamada protesta social, que es más bien el derecho a la asociación que se garantiza en la Constitución, ha tenido auge, como se dijo, por los incumplimientos gubernamentales. Y aparentemente las negociaciones para levantarlas, en medio de una actitud desesperada, han causado incordios de tal tamaño como el que actualmente existe por el corregimiento de Belén de Bajirá entre el Chocó y Antioquia. Se sabe, por lo demás, que el país cuenta con al menos 20 casos de este tipo, donde se discute la pertenencia de ciertos municipios a determinados departamentos, asunto que podría suscitar una mayor cantidad de paros. Es por esa vía inadecuada que se están resolviendo las discrepancias territoriales. Pese a que el Congreso grita que es el facultado para ello, no hace mucho al respecto. Ya son demasiadas las ocasiones en que el Estado debe suplir la atonía parlamentaria, desde temas mineros hasta la adopción, generando mecanismos supletorios por carencia de trabajo legislativo.

En estos días se ha venido dando una sucesión de negociaciones, sin que se pueda estar al tanto del detalle de cada una. Desde hace décadas, por ejemplo, Buenaventura es una de las cenicientas del país y sus premuras sociales tendrían, por supuesto, que ser atendidas por el Estado sin necesidad de recurrir a paros. Muchas veces la negligencia se enquista en las autoridades municipales e inclusive las gobernaciones y en ese caso el Estado nacional debería estar más al tanto de que mandatarios seccionales y locales cumplan su misión.

En otras ocasiones, el Estado no se atreve a regular debidamente los temas que generan conflictividad, como sucede entre los taxistas y las plataformas tecnológicas tipo Uber, un asunto que se deja al garete de las circunstancias, incluso generando violencia. No hay allí, pues, protesta social en sí misma, sino la evidencia de que el Estado no existe o se abstiene de actuar en consonancia de los problemas que debe resolver, cualquiera sea la determinación que tome.

Ahora el país asiste a un eterno paro de maestros oficiales, sin resolución alguna. Desde hace ya cuatro semanas ocho millones de estudiantes dejan de asistir a clases y el tema prioritario de la calidad docente sigue en entredicho mientras los profesores aducen reivindicaciones que ya se habían prometido y no fueron cumplidas. A punto de entrar en vacaciones, el asunto continúa sin resolverse y aumenta el desacuerdo. Nada de eso tiene que ver con la guerrilla, ni el proceso de desarme, pero debería contemplarse como prioritario dentro de la agenda nacional.