La creación de la Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de organizaciones criminales no será una rueda suelta como quería la guerrilla. Dependerá del ente investigador y de la dirección de Martínez Neira
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A medida que se ha ido conociendo lo que ocurrió en la reunión que sostuvo el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, con el secretariado de las Farc el pasado fin de semana, se ha establecido que prácticamente el jefe de ente investigador impuso los alcances y desarrollo del Decreto 898 que crea la Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de organizaciones criminales.
Dicha Unidad tendrá como misión esencial impedir que el acuerdo de paz con las Farc arroje un saldo sangriento como ocurrió con la Unión Patriótica entre los años 1984 y 1993.
El Decreto que crea la nueva unidad, determina su misión y estructura, realmente es un nuevo intento por implementar este compromiso. Tras concluir las negociaciones de La Habana, el Gobierno y las Farc regresaron al país con ese punto definido, entre otros muchos. El propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en agosto de 2016 creó la Unidad y un mes después posesionó a Alexandra Valencia como directora para un periodo de seis años. Pero la iniciativa se enredó cuando el No triunfó en el plebiscito dejando en jaque el Acuerdo de Paz, lo que obligó a hacer ajustes al acuerdo.
Los negociadores de esa guerrilla siempre pidieron que la unidad tuviera real independencia y que prácticamente fuera una rueda suelta dentro de la Fiscalía. Pero en medio de este barullo de intereses por parte de la guerrilla, apareció el Decreto que no solo la crea con una orden con fuerza de ley, sino que además define cómo se nombrará al director de la misma, cuánto personal tendrá y sus alcances.
La autonomía
El Decreto señala que la unidad estará adscrita al Despacho del Fiscal General pero el jefe de la misma no será nombramiento directo de Martínez. El Fiscal tendrá que escoger director de una terna que le envíe el Comité de Escogencia, integrado por dos colombianos y tres juristas internacionales, y el cual también tiene la tarea de seleccionar a los magistrados que impartirán justicia en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), así como a otros directivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que creó el acuerdo. La orden presidencial prevé que el periodo de quien ocupe la dirección de la Unidad será de cuatro años y que ante su ausencia definitiva o terminación del periodo le corresponderá a los magistrados de la JEP formular una nueva terna para que de esta escoja el Fiscal General.
La Unidad estará conformada por 16 fiscales de bajo, mediano y alto rango, además de 50 funcionarios de Policía judicial “con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional”. También se prevé el nombramiento de otros 30 funcionarios que ocuparán cargos administrativos y logísticos en la nueva estructura. Otro punto clave que revela algo más de la relativa independencia de la unidad tiene que ver con la escogencia de los fiscales que la integrarán. Al respecto, el Decreto sostiene que los servidores públicos de la Unidad serán nombrados por el Fiscal General pero de nombres que le presente el o la directora de la Unidad.
Orientación
El mandato expreso que recibe la nueva Unidad es la de investigar, perseguir y acusar a las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática contra personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz “incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
El grupo guerrillero quería que existiera una Unidad encargada de investigar y que fuera ‘autónoma’
Precisamente en esa estructuración de la Unidad, estaba el punto de discordia entre el Fiscal y las Farc. La guerrilla insistía que fuera autónoma del Fiscal y Martínez defendía su posición que debía depender como jefe del ente. El Fiscal había advertido varias veces que esta no podía ser una "rueda suelta" de la justicia transicional.
Sin embargo, las dos partes lograron un consenso sobre las "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales”.
Para las Farc el tema es estructural, pues uno de sus mayores miedos al dejar las armas es correr con la misma suerte que la Unión Patriótica en los años 80. En resumen, el grupo guerrillero quería que existiera una Unidad encargada de investigar y asegurar que esto no vuelva a suceder. Consideraba que esta debe ser ‘autónoma’, pues la justicia ordinaria no ha arrojado muchos resultados sobre lo que sucedió con la UP.
El Decreto
El tema finalmente quedó consignado en uno de los decretos que expidió el presidente Juan Manuel Santos, en medio de la maratónica firmatón de las normas necesarias para la implementación del proceso. En este documento, finalmente primaron las tesis del fiscal Martínez, que además en este punto eran respaldadas casi que unánimemente por la comunidad jurídica.
Martínez hizo una rueda de prensa el martes en la tarde para explicar que: "la Fiscalía considera fundamental si se quiere avanzar y preservar esa defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que esa Unidad Especial no sea una rueda suelta. De llegar a serlo se privaría ese propósito de política pública de la capacidad institucional que tiene la Fiscalía para asegurar sus derechos".
A su juicio, es clave que esta nueva dependencia quede adscrita a su despacho directo ya que la Fiscalía como tal viene haciendo un trabajo "muy importante en la judicialización de aquellos que han afectado a los líderes sociales. Tenemos una tasa de imputación inédita del 42% en la lucha contra esos sectores victimarios que afectan la paz en los territorios".
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