*Marea humana desde Venezuela

*Los retos del Estado colombiano

Colombia debe prepararse para una emergencia humanitaria a gran escala en la zona fronteriza con Venezuela, ante el riesgo cada vez más cercano de una oleada de decenas de miles de personas en caso de que la crisis política, económica, social e institucional allí desemboque, lamentablemente, en un alzamiento violento generalizado.

Si bien es cierto que desde hace dos años se ha evidenciado un aumento exponencial de la migración proveniente de ese país, no sólo hacia los departamentos colombianos limítrofes sino también con destino al interior y las regiones del caribe y el Pacífico, es claro que si la situación empeora en esa nación en las próximas semanas habrá una oleada humana nunca antes de vista.

Los gobernadores de Norte de Santander, Santander, La Guajira y Arauca, principalmente, han advertido que es necesario aplicar, desde ya, un plan de choque. La Cancillería se ha puesto al frente de la situación y se sabe, incluso, que el tema ha sido tratado con la Oficina de la ONU para los Refugiados.

No se trata de un asunto menor. La propia Procuraduría General solicitó esta semana a la Cancillería un informe de las acciones realizadas para garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos que piden a Colombia “condiciones dignas de refugiados”.

El Ministerio Público expresó que las medidas adoptadas por la Cancillería, como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), vigente desde mayo pasado, son insuficientes para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos que ingresan al país.

No sólo se trata de la solidaridad que todos los colombianos debemos tener con nuestros hermanos venezolanos en estos momentos de crisis general en ese país. Hay obligaciones nacionales e internacionales que imponen al Estado colombiano activar una estrategia humanitaria a gran escala. Tampoco se puede caer en el polémico debate sobre si debe darse prelación a los desamparados de nuestro país antes que a los del extranjero. La realidad es que hay obligaciones estatales que no pueden ser obviadas ni excusadas al estar contempladas en el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo  de 1967, la Convención Americana sobre los DDHH, la Convención contra la Tortura y el Coloquio de los países firmantes de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, suscrita en 1984. Incluso debe tenerse en cuenta una reciente sentencia de la Corte Constitucional respecto a  protección de migrantes y la consecución de sus visas de trabajo temporal.

Todos esos pactos y acuerdos imponen a los Estados asuntos tan complejos, según la Procuraduría, como la regularización migratoria y facilitar el acceso de los ciudadanos del vecino país a servicios de salud, educación, trabajo, nacionalidad, pago de impuestos así como mitigar el riesgo de abusos e instrumentalización de esa población por parte de las organizaciones criminales para la explotación sexual, laboral y ejercicio de actividades ilícitas en el país.

El gran dilema gira, entonces, en hasta qué punto lo que se requiere en estos momentos para atender la emergencia creada por la migración venezolana son medidas de choque y excepcionales, bajo la óptica de que se trata de un fenómeno pasajero que se retrotraerá una vez se calmen las aguas en el vecino país, o si, por el contrario, es necesario pensar en una estrategia más estructural, con formulación e implementación de políticas públicas efectivas de largo plazo. Esto último bajo el enfoque de que la oleada migratoria de los últimos doce meses no se va a reversar en un corto lapso, ya que una parte de las decenas de miles de venezolanos y colombianos que vivían en ese país no tienen entre sus planes regresar a la vecina nación.

Aquí un punto clave es establecer, realmente, cuál es la cantidad de migrantes que han ingresado a Colombia en el último año y medio, desde cuando la crisis en la nación vecina empezó a tomar ribetes cada día más trágicos. Las cifras son muy disímiles, pues mientas algunos reportes oficiales dan cuenta de menos de 300 mil, otros menos rigurosos y extraoficiales afirman que serían más de un millón de colombianos y venezolanos los que entraron. 

También resulta necesario abocar un debate que poco a poco ha venido ganando terreno no sólo en la prensa y las redes sociales, sino entre los gremios y centros de estudios económicos, respecto a cuánto costará esa atención y de dónde van a salir los recursos, en especial si puede pedirse colaboración de la ONU y la comunidad internacional.

Como se ve, la emergencia a que se enfrenta Colombia es de proporciones y urge, por tanto, la formulación de una política gubernamental de amplio espectro para hacerle frente.

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