Por Jairo Morales Nieto *
Especial para EL NUEVO SIGLO
En el origen de los grandes conflictos y confrontaciones sociales de una nación siempre se encuentran graves problemas relacionados con los modos, modelos y políticas de generación, apropiación y distribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar entre sus ciudadanos.
Este es un axioma cuya validez se puede constatar fácilmente si miramos la historia y el momento presente de la vida política, económica y social de nuestro país.
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Colombia es el ‘locus classicus’ de los grandes conflictos sociales contemporáneos, según lo registra la historiografía mundial. Esta penosa jerarquía se ha adquirido por la intensidad y persistencia de la violencia y del conflicto armado, que con excepción de unos cortos intervalos, siempre nos han acompañado desde el inicio de nuestra vida republicana en el siglo XIX hasta hoy.
La razón de persistencia resulta enteramente obvia si observamos que Colombia, además de ser el ‘locus classicus’ de la violencia, es también el ‘locus classicus’ de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades sociales en el mundo.
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Hay tres medidas estadísticas universales que revelan la extrema disparidad social en nuestro país.
Una medida, es el Coeficiente de Gini que detecta el grado de desigualdad en la distribución del ingreso entre la población. Otra medida, es el Índice de Pobreza que mide el nivel de privación de la población en términos de ingreso y consumo. La tercera medida es el Índice de Desarrollo Humano que mide las opciones y oportunidades de la población para satisfacer sus necesidades sociales básicas y sus expectativas de bienestar en general.
Veamos de manera rápida y resumida cómo se manifiestan estos tres índices estadísticos en la sociedad colombiana en comparación con otros países con mejor desempeño.
Coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini es un número que va de un valor de 0 a 1. Entre más cerca se esté de 0, hay más igualdad en la distribución del ingreso. Entre más cerca se esté de 1, hay más desigualdad es la distribución del ingreso. Conforme a cifras del Banco Mundial, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) ostentan el menor nivel de desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo con un coeficiente promedio del 0.24. En el otro extremo se encuentra Colombia con un coeficiente de distribución de la riqueza del 0.57, que indica una de las distribuciones del ingreso más desiguales en el mundo!
Índice de Pobreza
El índice de pobreza mide el nivel de privación humana en términos monetarios a partir de una línea de ingreso base, socialmente determinada. Según el DANE, la pobreza monetaria en el año 2012 abarcó 32.7% de los hogares colombianos, 28.4% de los cuales residían en las cabeceras metropolitanas y 46.8% en áreas rurales, donde por deducción se encuentra la mayoría de los territorios afectados por el conflicto.
Dentro de esta población pobre, 10.4% de los colombianos se encontraban en una condición de extrema pobreza, es decir, son poblaciones que no alcanzan a cubrir con sus magros ingresos sus necesidades básicas de consumo. La mayoría de los pobres extremos residen fuera de las áreas metropolitanas y seguramente muchos de ellos, viven en las áreas de conflicto.
Estos índices de pobreza son alarmantes si se comparan, por ejemplo, con Chile, un país exitoso en su proceso de transición hacia la democracia, que registró un nivel de pobreza del 14,4% y de pobreza extrema del 2.8% en el año 2011. Hoy, seguramente, esos índices de desigualdad son más reducidos.
Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida compuesta de tres dimensiones de índices que miden la expectativa de vida, el logro escolar y el nivel de ingresos de una población.
El IDH es una medida dinámica que oscila entre 0 y 1. Uno, representa el nivel más alto de desarrollo humano y, cero, el más bajo nivel de desarrollo humano. El IDH promedio de los países nórdicos según el PNUD (2013) es 0.93 que los define como los países de más alto nivel de desarrollo humano en el mundo. El IDH para Colombia es 0.72 en el presente año 2013, que ubica al país en el puesto 76 entre 186 países. En el caso de Chile, el IDH es 0.86 ostentando el puesto 40 dentro del grupo de los países de más alto nivel de desarrollo humano en el mundo. El IDH de Chile muestra notables progresos año tras año por encima de la media latinoamericana. En contraste, el progreso de Colombia es muy lento, por debajo de la media latinoamericana y, lo que es más preocupante aún, el IDH revela tendencias a severo rezago y estancamiento en comparación con la dinámica de otros países vecinos como Panamá, Perú, Ecuador y
Venezuela que ya sobrepasan a Colombia en el nivel de desarrollo humano.
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Este cuadro dramático de desigualdades sociales en Colombia se advierte como uno de los factores estructurales más importantes para explicar la etiología del conflicto en el país y sus dramáticas consecuencias.
Resulta entonces obvio que si Colombia quiere hacer realizable la paz, tiene que corregir rápida y drásticamente estos índices adversos para evitar una recaída del proceso de reconciliación y la vuelta eventual a un conflicto de alta intensidad.
Un buen punto de partida para enfrentar esta problemática es intentar establecer objetivos y metas claras a alcanzar en un horizonte temporal, digamos de diez años, que es un periodo razonable para hacer de la transición hacia la paz un proceso exitoso y duradero.
Los objetivos y metas a establecerse, bien podrían ser, por ejemplo:
- Mejorar la distribución personal del ingreso (Coeficiente de Gini) en al menos 1% anual durante los próximos 10 años hasta alcanzar un Coeficiente de Gini cercano al 0.46, que es la media de los países más destacados en Latinoamérica en este campo (Argentina, Uruguay, Venezuela y México).
- Eliminar completamente la pobreza absoluta; y, en paralelo, reducir la pobreza relativa a un nivel del 15%, es decir, reducir los niveles de pobreza en al menos 1.8% por año hasta acercarnos al nivel actual de Chile.
- Mejorar el Índice de Desarrollo Humano hasta llegar a un valor dentro del rango 0.80 – 0.85, que correspondería al grupo de países latinoamericanos más destacados dentro de la lista del IDH: Chile y Argentina.
En el logro de estos objetivos y metas, particular seguimiento deberá darse a la evolución de los indicadores sociales en todas las áreas que han sido afectadas por el conflicto armado y que muestran el más alto deterioro y desigualdad social en el país. Esta no es sólo una tarea de las autoridades nacionales. Es el gran desafío de los alcaldes y las comunidades locales que tendrán que aplicar enfoques y métodos innovativos para maximizar los efectos de las inversiones públicas en la reducción del conflicto y en el aumento del bienestar de la población.
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¿Cómo hacer viable la realización de todos estos desafíos sociales? Este es el objeto de la economía de bienestar.
La economía del bienestar (Welfare Economics) es el campo de la economía que trata de la eficiencia en la generación de la riqueza de una nación y de la justa y equitativa distribución del bienestar entre toda la población.
La política económica del bienestar, consecuentemente, se ocupa de la promoción de reformas y programas que incrementen la igualdad en la distribución del ingreso sin dañar, desde luego, la eficiencia en la generación de los ingresos.
En la búsqueda de un balance armonioso entre la eficiencia y la equidad, la política de bienestar debe minimizar la aparición de conflictos entre estos dos objetivos (pues no son per se necesariamente compatibles); prevenir ineficiencias en la asignación de los recursos públicos; y evitar distorsiones en la distribución de los beneficios.
Este enunciado suena bien, pero ¿Cómo hacer en la práctica ese balance armonioso entre los objetivos de eficiencia y equidad? La verdad, no hay fórmulas estándares que podamos aplicar, pues la situación varía de un país a otro, pero sí hay criterios que sirven para guiar y evaluar el rol del gobierno en la búsqueda de una eficiente y equitativa distribución del bienestar.
Los principales criterios son: el ‘Optimo’ de Pareto; la ‘Justicia como Equidad’ de John Rawls; y, la ‘Equidad como Capacidad y Oportunidad’ de Amartya Sen. Los criterios llevan apellidos en reconocimiento a sus proponentes originales.
Dada la importancia de estos criterios para evaluar el impacto de las políticas de bienestar en la consolidación de los procesos de paz, vamos a repasar a continuación el significado de cada uno de ellos.
Óptimo de Vilfredo Pareto
El óptimo de Pareto se logra -y es por tanto eficiente- cuando el incremento del bienestar de una persona o grupo de personas no reduce el bienestar de otra persona o grupo de ellas. Una situación es no-Pareto eficiente cuando la mejora del bienestar de una persona o grupo de personas afecta el bienestar de otras.
Justicia como Equidad de John Rawls
Una situación de inequidad económica y social es justificable sólo si esa situación ofrece el mayor beneficio para la población más desfavorecida de la sociedad. La distribución ‘Rawlsiana’ del ingreso puede implicar efectos en la eficiencia pero se considera que el decremento del bienestar del rico es menor que el incremento del bienestar del pobre, lo cual es ética y económicamente justificable.
Equidad como Capacidad y Oportunidad de Amartya Sen
Este criterio se refiere a la capacidad que tiene una persona para satisfacer sus necesidades básicas en materia de salud, educación e ingresos y, a las oportunidades que la sociedad le ofrece para cubrir materialmente esas necesidades. En muchos casos existen capacidades pero no oportunidades, en otros casos existen oportunidades pero no capacidades. Desarrollo Humano significa hacer iguales capacidades y oportunidades.
Si una política de bienestar dada satisface -de manera estadísticamente verificable- estos tres criterios –que son complementarios-, podemos decir que la transición va por buen camino en tanto hay eficiencia económica, justicia retributiva y equidad distributiva. Por el contrario, si una política de bienestar muestra señales de contravenir uno o todos los criterios, es necesario hacer una juiciosa revisión de esta política y corregir sus distorsiones y defectos.
O, simplemente, hay que abandonar tal política.
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Personalmente ignoro si existe en Colombia una política explicita de bienestar en los términos expuestos.
De existir, sería extraordinariamente importante articular la teoría y práctica de la economía del bienestar con los procesos de paz, sus objetivos y metas. De no existir, éste es el momento propicio para introducir políticas públicas que enfrenten directamente los problemas de eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la equidad en la distribución de los beneficios para elevar el bienestar de toda población y, a su vez, reducir el potencial de conflicto social en el país.
En próximas entregas, nos ocuparemos de estos aspectos
Mostraremos algunos enfoques y métodos para reducir el riesgo del diseño e implementación de ‘malas’ políticas de bienestar y, a la vez, elevar el impacto de las ‘buenas’ políticas de bienestar en las áreas de conflicto.
Todas estas ideas están pensadas con el objetivo de contribuir a formar un pensamiento público sobre el postconflicto que nos sirva además para dejar atrás otra serie de problemas estructurales que afectan severamente el desarrollo de nuestra sociedad, estado y mercado.
* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. jairo@inafcon.com