Por Mauricio Palma G.*

CASI 800 personas desaparecieron luego del naufragio del 18 de abril pasado, a 110 kilómetros de la costa libia sobre el Mediterráneo. Las víctimas, como otras miles en los últimos años, buscaban llegar a territorio europeo de manera clandestina, en busca de una oportunidad económica o del refugio de la violencia en su lugar de origen.

Este trágico saldo, sin precedentes en la historia reciente, reconfirma la imperante necesidad de formular una respuesta europea conjunta al asunto de la migración irregular.

Pero llegar a un consenso no es fácil, más si se tiene en cuenta que estos flujos irregulares son alimentados por una diversidad de individuos que son difícilmente clasificables en una única categoría.

Migrantes “económicos” y buscadores de asilo

Parte de ellos son migrantes “económicos” provenientes de contextos socio-económicos disfuncionales en África y el Medio Oriente.

También, muchos de ellos buscan cobijarse de manera legítima –y otros tantos ilegítimamente- bajo el derecho de asilo. Según la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo adicional de 1967, éste es oponible a aquellas personas que son perseguidas en sus lugares de origen a razón de su raza, religión, nacionalidad u opinión política.

Los miembros de la Unión Europea son parte de dicho instrumento. Además, según los acuerdos de Dublin de 2003 que buscan regular el asunto del asilo entre los Estados de la Unión, su trámite debe comenzar en el territorio del país donde se solicita el reconocimiento de este derecho.

Pero esto se contrapone a una dinámica migratoria cada vez más restrictiva, en función de los costos asumidos por los Estados europeos así como del riesgo migratorio que implican las condiciones de inestabilidad política en el vecindario –como en Libia y el Levante-.

Esta demanda por asilo, sumada a la intención de miles de individuos de migrar por razones económicas alimenta la extensión del desplazamiento irregular a través del Mediterráneo.

La ruta y las razones de la migración

Lo anterior está matizado dentro del crecimiento de la ruta mediterránea como vía de migración irregular hacia la Unión Europea. Según números de ACNUR, en 2012 22.500 personas llegaron a Europa por esta vía y en 2014 fueron 219.000, lo que representa un crecimiento de casi el 1000%.

Las víctimas también han aumentado. En 2014 hubo unos 3500 desaparecidos. En lo que va corrido de este año ya ha habido más de 1700.

Sin embargo, las condiciones que facilitan la migración se mantienen. El influjo de los procesos que han tenido lugar en el norte de África luego de la Primavera Árabe es evidente. Libia, por ejemplo, se ha convertido en el principal hub en el que migrantes de distintas proveniencias se embarcan hacia Europa.

Mientras tanto se ha generado una especie de efecto globo que ha posicionado las rutas hacia Italia y Malta como la principal vía de migración irregular, en tanto se han cerrado las opciones migratorias por otras zonas de Europa.

España ha logrado disminuir los flujos hacia las Islas Canarias luego de haber firmado acuerdos con un importante componente económico con Marruecos y otros gobiernos africanos.

Al tiempo, muchos sirios e iraquíes que escapan del yihadista Estado Islámico -o  ISIS por sus siglas en inglés- se han topado con el cierre de la frontera turca a la altura de Grecia y Bulgaria.

La dificultad de un consenso

Pero el problema va más allá. Los países que constituyen fronteras externas de la Unión –como Italia, gran receptor de inmigrantes irregulares- exigen de los países más ricos –como Alemania o los Escandinavos- mayor participación, tanto financiera como técnica en la gestión del asunto.

Estos países se niegan a tomar una postura más contundente, argumentando que sus gobiernos deben hacerse cargo de la mayoría de solicitudes de asilo que se desprenden de la migración irregular. 

Buscando redistribuir las cargas, la misión humanitaria “Mare Nostrum”, de la marina italiana, fue reemplazada en 2014 por la misión de vigilancia “Triton” liderada por Frontex (agencia fronteriza de la UE).

Sin embargo, su extensión geográfica restringida y presupuesto limitado habrían conducido a más muertes, dejando por resolver los elementos de base que acentúan la migración.

¿Qué hacer?

Al momento de escribir estas líneas, los gobiernos de la Unión estaban por pronunciarse al respecto desde Bruselas, a través de una declaración conjunta, de la que  se anticiparon algunos anuncios como triplicar el monto de los recursos para los operativos debúsqueda y rescate, así como pedir a la  ONU aprobar una resolución que permita confiscar y destruir los barcos que se utilicen para el tráfico de hunanos.

De cualquier forma, la crisis no se soluciona cerrando las fronteras. Esto no atenúa los incentivos para emigrar en los lugares de origen y sí amplía el campo y el espacio de acción de empresarios de la migración irregular.

Además, el compromiso internacional de los Estados europeos en materia de asilo condiciona cualquier decisión que se tome, lo que implica la aceptación de cierto número de solicitantes de asilo.

El asunto pasa entonces por la generación de estabilidad que desestimule la emigración en las zonas de origen.  Esto implica avances en la Política Europea de Vecindad.

En el caso de Libia, es necesario impulsar el diálogo sobre su estabilización en el Consejo de Seguridad de la ONU. La continuidad de su desgobierno seguiría facilitando la migración irregular.

Y sobre todo hay que tener en cuenta que para una solución duradera no existe espacio para maximalismos ni ganancias absolutas entre los países europeos. La redistribución de cargas operativas y financieras  no sólo implica destrabar el proceso de integración europea en materia de inmigración y asilo. También evita que el Mediterráneo siga convirtiéndose en un gigantesco cementerio a cielo abierto.

*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Investigador del Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga”