El carrusel de la alegría fue conciliado en la noche del miércoles 20 de junio en el Congreso de la República, en donde como punta del iceberg aparecía el 12-70: doce años de período con 70 de  edad para el retiro forzoso, cubriendo de ignominia a las altas Cortes; con la eliminación de la pérdida de investidura y pasaporte a la inmunidad de los congresistas que violen el régimen de inhabilidades consagrado en el artículo 179 de la Constitución Nacional.

Reforma al Congreso. El constituyente Hernando Yepes Arcila fue al grano. En un documento fechado el 13 de junio de 2012 responsabilizó al presidente Santos por haber consentido y auspiciado el trámite al compás de un febril carnaval parlamentario, hasta convertirlo en una reforma al Congreso. También es responsable la Corte Suprema que con su extraña conducta en este trance hizo evidente su envilecimiento  por su interés concupiscente. Para el Consejo de Estado simplemente esta es una vulgaridad. La reforma a la administración de justicia es una auto-reforma del Congreso, tal como lo plantea Yepes Arcila.

Desprestigio para la democracia. El ex ministro Jorge Humberto Botero pidió así la renuncia del actual ministro de Justicia, Juan Carlos  Esguerra Portocarrero: “Yo creo haber visto nunca una conjura mejor articulada para destrozar los componentes éticos que deben siempre regular el funcionamiento de las instituciones fundamentales de la República y el ejercicio de las altas dignidades del Estado en el Congreso y en poder judicial.  El efecto previsible de esta malhadada reforma será un grado mayor de desprestigio para la democracia de Colombia. Nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela, que cuando sus instituciones se vieron amenazadas el pueblo creyó con razón que no valía la pena defenderlas.  Si a Esguerra le queda un poco de dignidad, debería renunciar”.

Prevaricato. Quienes intervinieron en el debate de aprobación de la reforma a la Justicia, a pesar de tener procesos pendientes, ejercieron sus funciones en provecho propio. O sea que incurrieron en el delito de prevaricato.  Las nuevas instituciones penales para los congresistas las van a estrenar ellos mismos. Todo lo anterior incluye a los que tenían procesos por pérdida de investidura, así como los que tienen procesos penales en curso en la Corte Suprema de Justicia que se beneficiaron con las nuevas normas constitucionales que modificaron las reglas de juego en cuanto a procesos por pérdida de investidura y penales.

Derogatoria.Paralelamente, ya bufetes de abogados y redes sociales propenden por una acción de inexequibilidad ante la Corte Constitucional por vicios de forma, así como por la derogatoria (vía referendo ciudadano) conforme al artículo 377 de la Constitución. Otros promoverán las denuncias penales correspondientes por los delitos de prevaricato y fraude procesal en que incurrieron los  empresarios de reforma.

Humberto de la Calle. Dijo el ex vicepresidente: “Oigo con preocupación que algunos de los opositores a la reforma ya han bautizado el movimiento como Contrarreforma. Es un error. Parece un formalismo, pero es una tontería e implica regalar un terreno precioso: La contrarreforma es la que se ha hecho contra el espíritu de la Constituyente del 91. El movimiento debe tomar un nombre y un eslogan positivo.  Esto requiere dirección inmediata para evitar descarrilamientos”.

Gustavo Zafra. “Me  parece que es necesario preparar una buena demanda en el término breve para evitar caducidad de la acción. El argumento de Yepes Arcila sobre que las prórrogas de los períodos en curso son actos plebiscitarios y no reformas, ya tumbó la prórroga de la elección popular”.