El funcionamiento de las entidades de certificación digital en los últimos años ha correspondido más a intereses empresariales, y no a las verdaderas necesidades del sector que contengan criterios internacionales.

Esta es una de las principales conclusiones del gerente de Certicámara, Erick Rincón,  al  explicar a EL NUEVO SIGLO sobre qué intereses podrían ponerle el palo a la rueda de la modernización en la materia.

Se refirió también a la falta de comunicación entre las entidades del Gobierno, en el momento de regular el tema de facturación electrónica.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo articular las estrategias para que se implementen las mejores?

ERICK RINCÓN: Falta una coordinación interinstitucional, que se hablen en este tema regulatorio de la facturación electrónica. Falta que se hablen la DIAN y el Ministerio de Comercio.

La DIAN porque tiene que manejar la factura desde el punto de vista tributario y fiscal, y el Ministerio porque tiene que manejarla desde el punto de vista mercantil como título valor.

ENS: ¿Cuál ha sido su posición?

ER: Lo que hemos visto de manera lamentable es que la discusión de la factura electrónica ha estado centrada básicamente en el tema tributario, cuando resulta que la factura electrónica también tiene  un componente mercantil y comercial que no se puede desconocer, y que obviamente debe tener un impacto desde el punto de vista regulatorio.

ENS: Entonces es una evidente falta de comunicación, un teléfono roto…

ER: Así es. Es lo que veo y no solamente en este caso. Hace poco el mismo Ministerio de Comercio, en la dirección de regulación sacó un decreto que pretende regular la constitución y funcionamiento de las entidades de certificaciones, como Certicámara que es una entidad de certificación digital. Lo que uno ve es que no se atiende a una práctica o a un parámetro internacional, sino que corresponde más a una definición que puede resultar incluso hasta caprichosa, corresponde a la prevalencia de comentarios o posiciones particulares que definen intereses de algunos empresarios del país.

Intereses

ENS: ¿Qué tipo de intereses?

ER: En el caso del proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, sobre la modificación al artículo 1747 de entidades de certificación, lo que tratan de hacer incluso unos de los primeros artículos, eximen de todo tipo de obligaciones cuando se trate de funcionamiento de entidades de certificación digital, a depósitos centralizados de valores.

¿Por qué un depósito centralizado de valores no va a tener las mismas obligaciones a cualquier otro actor en el mercado?

ENS: ¿Qué tan frecuente es este asunto?

ER: En el caso de la factura electrónica todo tiene una relación. En 2008 se presentó un proyecto de decreto que decía que todas las facturas electrónicas en el país tenían que pasar por el depósito centralizado de valores. Eso armaba un monopolio alrededor de la factura electrónica, afortunadamente se logró de manera argumentaria eliminarla.

Pero hoy en día por diferentes vías y proyectos de norma, pareciera que se le vuelve a dar juego a este tipo de iniciativas particulares.

ENS: La DIAN publicó para observaciones un documento sobre la facturación electrónica ¿cómo va eso?

ER: Básicamente lo que hizo la DIAN fue publicar para comentarios un proyecto de decreto que tiene como principal finalidad masificar la factura electrónica en Colombia.

Es un imperativo desde el punto de vista tributario, porque es un mecanismo que garantiza el ahorro de costos, de la logística y de los procesos, pero tiene una dificultad en el proyecto de reglamentación y es que todavía no se trabaja la factura electrónica como un título valor.

ENS: ¿Quiere decir que van en sentido contrario?

ER:Es decir que no existe en estricto sentido hoy en día una factura electrónica como título valor electrónico. Esto hace que el empresario no tenga interés en desarrollar el mecanismo de factura electrónica porque no puede negociar sus facturas como lo podría hacer en papel.

Estamos en el momento oportuno para que el proyecto de decreto sea nutrido de importantes aportes.

Atraso

ENS: ¿El rezago se debe a falta de conocimiento, voluntad política o a herramientas?

ER: Voluntad política en cuanto a la política pública existe, normas existen, lo que pasa es que algunas de esas normas son contradictorias.

ENS: La Procuraduría hacía un llamado para que a los pequeños productores no se les exigiera la factura electrónica para la devolución del IVA ¿esa es una contradicción?

ER: El pronunciamiento de la Procuraduría hace sentido en la medida en que este tipo de instrumentos tecnológicos hay que aplicarlos con gradualidad, y con sentido de aproximación. Es decir quién puede desarrollar los medios electrónicos, pues quien está más próximo a esos medios electrónicos. No lo puede desarrollar un agricultor, que normalmente no tiene acceso a la tecnología.

En ese caso la Procuraduría tiene toda la razón y los instrumentos normativos deben reconocer la gradualidad en la aplicación de este tipo de herramientas.

ENS: ¿Cómo va el tema de Habeas Data?

ER: El tema de protección de datos personales y la ley 1581 va por muy buen camino. Las empresas están adoptando internamente las políticas que permiten garantizar la seguridad en los datos personales.

Noto que las entidades públicas son las que todavía tienen un poco de rezago alrededor de lo que son los instrumentos de protección.

 

Cultura electrónica

 

Para el gerente de Certicámara, sí hay una cultura electrónica, pues “hoy en día el Gobierno Nacional tiene muchas aplicaciones que permiten el desarrollo de actuaciones administrativas, el trabajo de Mintic es resaltable”.

Al hacer referencia a algunos casos, sostuvo que el Ministerio de Comercio tiene una ventanilla única de comercio exterior, Minhacienda ha desarrollado un sistema integrado de información financiera.

“En materia de comercio electrónico falta todavía mucho, porque no hay tantos incentivos para el desarrollo de actividades comerciales por medios electrónicos”, dijo.

A los incentivos que se refiere es, por ejemplo, que “en otros países se ha trabajado con incentivos tributarios, mercantiles como no gravar o no cobrar por la inscripción de establecimientos virtuales. Cosas de este estilo son interesantes para promover la cultura digital”.