Hoy se llevó a cabo la audiencia en contra del ‘Monstruo de la Sierrita’ recapturado  ayer en  Maicao, La Guajira. En la diligencia  Bayro Palacio aceptó los cargos y aseguró que el Esmad le salvó la vida.

El juez Segundo Promiscuo Municipal impuso la sanción en centro carcelario y  ordenó nuevos exámenes médicos por la supuesta tuberculosis que lo aqueja.

El caso de Palacio ha generado mucha conmoción ya que a la hora de su intento de fuga pagaba una condena en casa por cárcel debido a la enfermedad que padece. Al respecto se pronunció el ministro de Justicia Yesid Reyes quien informó que  “ha habido muchos debates en torno a la cadena perpetua y la primera reacción siempre es modificar la Ley; esto es una opción pero no es la única y no necesariamente es la mejor. Este caso no se presenta por un vacío en la Ley. Independientemente de la cantidad de pena a la que esté condenado este señor, que entiendo son por lo menos 15 años, lo que permitió la fuga fue la detención domiciliaria, no una falla en la Ley que establece sanciones para esta clase de delitos”, indicó el jefe de la cartera de Justicia.

El Ministro explicó que debido a un precario estado de salud, que supone un problema de salubridad para los que reclusos que estén privados de la libertad en el centro penitenciario, al señor se le otorgó una medida de detención domiciliaria. Sin embargo, cuestionó el que ésta medida no viniera acompañada de precauciones adicionales dada la peligrosidad del Palacio.

“La detención domiciliaria es para personas de baja peligrosidad, que a juicio de un juez necesitan control aleatorio y no permanente. Ante la presencia de una enfermedad en grado avanzado, lo que hubiera hecho falta era adicionar la medida de detención preventiva con un mayor grado de vigilancia de la persona: bien hubiera sido un brazalete electrónico o recomendando al INPEC o a la propia Policía Nacional, una vigilancia permanente”, aseguró.

El Ministro Reyes finalmente hizo un llamado para que este tipo de casos se eviten reforzando los controles que ejercen autoridades como la Fiscalía, los jueces y el INPEC en el manejo de casos de personas privadas de la libertad.