Medida de aseguramiento intramural profirió el Juez Segundo de Control de Garantías en contra del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas y el contratista de esa dependencia, Mariano Humberto Zea Ospina.

A los dos les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos nexos con miembros de la bacrim y de la llamada Oficina de Envigado, que incluso se habían dado en la seccional de la Fiscalía.

En ente acusador, así como la Procuraduría, habían solicitado tal medida de aseguramiento al acusar a Villegas y Zea de haber sido partícipes de un acuerdo siniestro y considerar que si eran dejados en libertad, el riesgo de fuga o de obstruir la justicia era alto.

El juez determinó que Villegas deberá ser recluido en la cárcel de Yarumito, mientras que Zea será llevado a la de Bellavista.

Así mismo el funcionario judicial argumentó que el cargo que se les imputa, concierto para delinquir agravado, afecta la seguridad pública y el derecho a la vida, razón por la cual acogió la petición de aseguramiento intramural que hizo la Fiscalía.

La defensa de Villegas apeló la decisión.

La audiencia se prolongó por tres días, ya que el jueves ante una amenaza de bomba debió ser evacuado el palacio de Justicia de Medellín y suspender la diligencia judicial.

En desarrollo de misma se conoció que las declaraciones de testigos e integrantes de la Oficina de Envigado que sirvieron para pedir la captura, fueron advertidas por investigadores que hace meses detectaron irregularidades en los presuntos acercamientos entre integrantes de organizaciones criminales con funcionarios públicos, incluso de la propia Fiscalía.

Según se dijo, las evidencias señalan que hasta en la sede de la Fiscalía en Medellín se adelantaron reuniones con integrantes de la Oficina de Envigado, que eran traslados desde distintas cárceles del país como Cómbita, con previa autorización de los fiscales.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, se intenta establecer si funcionarios de la Seccional de la capital de Antioquia habrían permitido esos encuentros, por lo que se inició una investigación para esclarecer los hechos.

Las labores de inteligencia desplegadas por los investigadores, Villegas contactaba a los jefes de la Oficina de Envigado que estaban presos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, para que fueran trasladados al búnker de la Fiscalía de Medellín en donde se llevaban a cabo las reuniones en las que se perfilaría la estrategia de sometimiento a la justicia.

La Fiscalía no descartó que sobre el caso de Villegas se soliciten ante jueces de la República nuevas órdenes de captura de personas implicadas en ese escándalo en Medellín.

El abogado Andrés Felipe Arango, defensor de Villegas, alertó ante el Juzgado que sobre la vida de su cliente pesarían serias amenazas y no debería ser enviado a la cárcel y propuso que en caso de ser aprobada por el juez una medida de aseguramiento, su cliente tuviera detención domiciliaria o se escogiera entre cárceles seguras como la de Yarumito, o una sede militar.