Captaban a las mujeres quienes eran sometidas a procedimientos quirúrgicos para realzar su belleza y luego eran enviadas a Ciudad de Guatemala donde las retenían en casas mansiones.

Con fundamento en los elementos materiales probatorios expuestos por una fiscal de Derechos Humanos y DIH el juzgado 35 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco presuntos integrantes de una organización transnacional de trata de personas,, una sexta procesada por complicidad se le concedió detención domiciliaria por motivos de salud.
Los afectados con la medida privativa de la libertad fueron identificados como: Gloria Patricia Ramírez Rojas, alias Evelyn, Héctor Alonso Londoño Ríos, alias Piolo, Luz Yerelly Patiño, Claudia Andrea Cano Jaramillo y John Jairo Cuero González, quienes durante la audiencia de imputación fueron endilgados por la Fiscalía como supuestos responsables de los punibles de trata de personas agravado, para algunos de ellos, y concierto para delinquir agravado, para alguno de ellos. Ninguno de los procesados se allanó a cargos
Con las aprehensiones de tales personas efectuadas este viernes por agentes de la Dijin en operativos cumplidos en Medellín y en Bogotá, se cumple una fase en la investigación que inició hace dos años, aproximadamente, y que permitió a las autoridades judiciales de Colombia y de Guatemala develar una red dedicada a captar mujeres jóvenes en nuestro país de donde salían a esa nación centroamericana para ser explotadas sexualmente.


EL PROCEDIMIENTO
La organización tenía como base Medellín, donde los involucrados captaban a las mujeres quienes eran sometidas a los procedimiento quirúrgicos necesarios para realzar su belleza. Una vez provistas de vestuario,  y los documentos de rigor eran enviadas a Ciudad de Guatemala. Allí eran despojadas de su pasaporte original, a cambio les daban una fotocopia del mismo, y las recluían en cinco casas mansiones bajo custodia. El número de colombianas retenidas en esos inmuebles oscilaba entre 20 y 30.
De tales residencias, ubicadas en sitios exclusivos de la capital guatemalteca, provistas con  rejas y alambre púa eran sacadas las mujeres para que mediante el ejercicio de la prostitución en pagarán la deuda adquirida por lo que la organización delincuencial les había suministrado. Según lo establecido, las víctimas eran sometidas a turnos de hasta 48 horas y dadas las continúas multas que les eran impuesta sobrevivían con las propinas dadas por los clientes.