AL PRESIDENTE Santos por estos días lo persigue un incómodo recuerdo: los paros. Un par de años atrás no había día en que gremios, campesinos y estudiantes no protestaran en las calles contra medidas gubernamentales en materia agropecuaria, educativa y salarial.   

Vino entonces un 2015 de relativa calma, pero en el arranque de este 2016, cuando parecía que la racha paros no iba acompañar más al Gobierno, estos vuelven con nuevos y viejos actores. Un fenómeno que, también, está afectando a la nueva administración en Bogotá.

Lo cierto es que la calle se está convirtiendo, de nuevo, en un espacio para exteriorizar molestias y desacuerdos, paradójicamente a tan sólo un mes de la fecha límite para la eventual firma del acuerdo de paz.

Bogotá, por ejemplo, ayer fue bloqueada por protestas asociadas a sectores sindicales, estudiantiles y aquellos que se oponen a las decisiones de la nueva administración distrital o critican problemáticas endémicas como las deficiencias en el sistema Transmilenio.

Como se dijo, hay que tener en cuenta que se trata de dos tipos de movilizaciones de distinto origen. Una que busca protestar contra el Gobierno nacional y otra, más local, que tiene como foco la  administración distrital.

De todos modos, parece como si los antecedentes de 2011, cuando el paro estudiantil, o de 2013, en el paro agrario, volvieran al epicentro nacional. Durante esas marchas agrarias, los campesinos protestaron por el contrabando, el alto precio de los fertilizantes y los Tratados de Libre Comercio (TLC), entre otros temas.

Como se recuerda, en un comienzo el Gobierno nacional no creyó en las dimensiones que podía tener el paro. Pero, tras una desafortunada declaración del Presidente, afirmando que “el tal paro no existe”, la protesta se convirtió en un fenómeno nacional que tuvo a los departamentos de Boyacá y Nariño como focos de las movilizaciones, con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública.

Finalmente, luego de múltiples reuniones entre Gobierno y líderes campesinos, se llegó a una negociación, que incluso le costó la cabeza al entonces ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán. Este fue uno de los peores momentos del gobierno Santos, cuya imagen desfavorable se elevó a un inédito 72%.

¿Qué está pasando?

El comienzo de 2016 trajo consigo polémicas decisiones, escándalos de corrupción y, por supuesto, todo el trasfondo de un proceso de paz accidentado. Corría tan sólo 6 día de este año, cuando el Gobierno nacional anunció la venta de Isagen. Se conoció por esa misma época que la inflación había crecido un 6,77% en general, neutralizando el alza del 7% del salario mínimo. Y días después, explotaron otros escándalos como los billonarios sobrecostos en Reficar, entre otros.

Todo ello ha generado un ambiente complejo para Santos, según lo revelan las encuestas, en donde su imagen favorable está por debajo del 20%. El inconformismo ciudadano se tornó en contra de sus decisiones políticas y económicas. Y todo ello se está reflejando en las crecientes marchas callejeras.

El uribismo ya citó para el 2 de abril a sus seguidores para movilizarse en contra del plebiscito y el modelo de paz gubernamental. A ello sectores del santismo han respondido, también por redes sociales, que harán una contramarcha para ver qué sector mueve más gente en las calles.

A ello se suma que el próximo 17 de marzo está fijado un paro nacional convocado por las centrales obreras. Los ejes principales de esta movilización se centran en el bajo incremento salarial, la venta de Isagen, la anunciada reforma tributaria y el descalabro en Reficar por más de 4.000 millones de dólares. 

A la fecha han confirmado la presencia en las movilizaciones centrales como CGT, CUT y algunos sectores como camioneros, Fecode y estudiantes.

Como si fuera poco, han surgido nuevos focos de manifestantes, como aquellos que hacen parte un grupo denominado “E-24”. Hasta el momento no se oficializado ninguna página o documento que permita conocer cuáles son sus objetivos. Su vocería ha sido exclusivamente en redes sociales y algunos medios, en donde se ha podido constatar que se trata de una especie de “indignados”. Dicen que buscan rechazar algunas políticas del Distrito y el Gobierno que, alegan, violan derechos fundamentales. Según algunas entrevistas radiales, afirman pertenecer a distintos partidos pero no tener pretensiones políticas. “… Buscamos la transformación para el bienestar de la gente, alza del salario mínimo, baja de los impuestos, que baje también la gasolina y luchamos también por un transporte eficiente”, dijo Andrés Camacho, uno de los voceros del grupo, quien aclaró que no tienen que ver con el Progresismo, movimiento encabezado por el ex alcalde Gustavo Petro.

De viaje data

< Como se dijo, Transmilenio ha sido otro de los focos de inestabilidad en las calles. Las demoras en los servicios y el incremento en la tarifa hicieron que algunas  estaciones se convirtieran en las últimas semanas en una batalla campal entre usuarios y Policía Antimotines. Esos desórdenes se vieron especialmente en estaciones como Patio Bonito, Américas y Biblioteca el Tintal.

Aunque este tipo de manifestaciones pueden ser vistas más como acudir a las vías de hecho de forma espontánea, que como un acto de protesta consciente y planificado, no deja de ser cierto que la ciudadanía, en su desespero, ha vuelto a ver en las marchas y los bloqueos la principal alternativa para expresar su inconformismo con los gobiernos de turno.

Independientemente del tipo de protesta, la conclusión es que el país está experimentando de nuevo un clima tenso de animadversión social que se cataliza en la calle.