Una dictadura constitucional.  Según se desprende de autorizadas opiniones de expertos constitucionalistas consultados por La Barca, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha distinguido por mantener sus propias reglas de autonomía en asuntos que tienen que ver con la aplicación rigurosa de la Carta Magna.

Para los tratadistas en la materia, en el bufete presidencial no existe una oficina jurídica que asesore de manera idónea al Mandatario en temas tan delicados. Hasta el momento, que se sepa, se han dado ya tres duros golpes a nuestra institucionalidad que constituyen, al propio tiempo, otros tantos golpes de Estado por parte del Primer Magistrado de la Nación.

Oh tiempos, oh mores. Recordamos con verdadera nostalgia de estudiantes universitarios la cátedra de sabios del derecho de la talla de Jaime Vidal Perdomo, Álvaro Pérez Vives, Álvaro Copete Lizaralde, Jaime Castro Castro, Gustavo Humberto Rodríguez,  Manuel Gaona Cruz, Luis Carlos Sáchica y Jacobo Pérez Escobar, entre otros auténticos jurisperitos.

En el pasado, toda esta pléyade inundó de sapiencia la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República. Ellos impidieron que los jefes de Estado de turno incurrieran en despropósitos jurídicos que atentaran contra la Constitución y la ley, falencias que vienen siendo de ocurrencia común entre los abogados encargados de velar por la guarda de la institucionalidad en nivel presidencial, la misma que ahora se presenta enteramente  desguarnecida.

Golpes de Estado. El presidente Santos -al calor de las encuestas- dio su primer golpe a la institucionalidad con motivo de la manoseada reforma a la justicia, dejando por fuera el concepto de la Corte Constitucional. Recordamos cuando, ante el acoso mediático, se bajó precipitadamente de su avión; procedió a llamar a “calificar servicios” al notable jurista Juan Carlos Esguerra Portocarrero y, de paso, impidió que el constituyente se manifestara, procediendo a crear situaciones de hecho.

Derechos adquiridos. Para darle gusto a la galería, el Presidente se vino lanza en ristre contra los derechos adquiridos por los pensionados, aupando a la Corte Constitucional para que en un procedimiento “romosinuano” desconociera la Carta Magna, llevándose de contera su propia jurisprudencia y dejando un profundo vacío en tan delicada materia.

La impunidad. Desoyendo las voces de los tribunales internacionales y de sus representantes, llegando  al extremo de haber exigido a la Asamblea General de Naciones Unidas que le dejaran negociar con las Farc, sin tener en cuenta las normas del Derecho Internacional que lo impiden; violando flagrantemente todos los tratados y la Carta de Naciones Unidas y de la misma OEA, que hacen parte del bloque de constitucionalidad que rige a los colombianos. Pidió que se le permitiera acordar con el narcoterrorismo para suscribir con ellos un tratado en el que no se tengan en cuenta los parámetros internacionales de Justicia.