Rey de burlas. La financiación de las campañas en Colombia siempre ha sido uno de los factores centrales de la perversión y crisis en la conformación de la estructura de poder político, constituyéndose, por lo mismo, en elemento que le resta legitimidad al sistema y desdibuja los menoscabados perfiles ideológicos de los partidos contendientes. Lo que contribuye, a su vez, a la generación de procesos de desencanto social, como el que vivimos.  Todavía está fresco el mal ejemplo de los años noventa, cuando el dinero definió la competencia por la Presidencia de la República, a espaldas del candidato ganador, contrariando los rigores éticos impuestos por el digno presidente del Consejo Nacional Electoral, el calificado jurista quindiano Óscar Jiménez Leal. 

La historia vuelve a repetirse. Lo más grave de todo es que la sociedad colombiana no ha hecho de tales coyunturas verdaderas oportunidades para remediar el mal que influye en forma determinante en la severa patología democrática padecida. En una palabra, no le hemos puesto guardaespaldas a la financiación excesiva y mal habida. Hoy el Consejo Nacional Electoral,  mediante la resolución 389, fijó los nuevos topes para las elecciones, con un incremento superior al 50%, es decir, cada lista podrá utilizar 74 mil millones de pesos. 

La compraventa. Cada vez es más desmesurada la presencia del dinero en la política, cualquiera sea su origen, porque siendo francos allí arriba hasta dinero bien habido. Lo que resulta no es, no puede ser, la confrontación de ideas en cuya dialéctica saldría beneficiada la salud de la República,  sino la promoción grosera de un producto comercial; porque ahora los políticos no salen a elecciones, van de compras.

 El partido de  los contratistas. En esas condiciones, los desequilibrios y las desigualdades propias del mundo  económico se transmiten, con fidelidad,  al sistema político- electoral, distorsionándolo y pervirtiéndolo. Ya no serán entonces el interés general o la defensa de lo público los principios que deban prevalecer, serán los intereses de los contratistas de turno. El Estado al servicio de los particulares de todos los pelambres. 

El salto al pasado. Es menester un gran Consejo Nacional Electoral imparcial, ajeno a las banderías políticas, elegido por concurso de méritos y no por quienes deben ser vigilados. Por eso, carece de presentación y constituye un salto al pasado. La reforma política se ocupó de que el Registrador del Estado Civil sea seleccionado mediante riguroso concurso de méritos, por los tres presidentes de las altas Cortes, en el cual ganó por dos veces consecutivas y en franca lid, el actual registrador Carlos Ariel Sánchez. Sin embargo, que la facultad  para la elección de los consejeros electorales se haya trasladado del Consejo de Estado al Congreso de la República, en detrimento de la democracia, convirtiéndolo en un rey de burlas...