Le dan palo al TLC. Como un duro golpe a la libertad de mercado y  un palo atravesado en la rueda del TLC con Estados Unidos fue calificada la decisión del Invima que decidió autónomamente que los equipos de gimnasia son instrumentos  médicos, motivo por el cual a partir de este martes (10 de diciembre) queda prohibida la entrada al país, así como la comercialización y venta al público de máquinas trotadoras, elípticas y bicicletas estáticas de empresas que no se encuentren debidamente registradas ante dicha institución. 

El enredo de burócratas. La Barca estableció en fuentes solventes que es tan complicada la situación que ni la industria americana ha podido ayudar a sus distribuidores en Colombia a derribar esta barrera, ya que no se sabe en qué forma se puede conseguir la documentación exigida caprichosamente por dicho instituto para desbloquear la entrada al país de elementos tan indispensables.

Es tan difícil desatar este nudo gordiano hecho por la burocracia criolla que ni la FDA, entidad sanitaria en Estados Unidos, está en condiciones de hacerle frente a semejante embrollo creado por funcionarios colombianos.

Talanqueras innecesarias. Colombia es el único país del mundo que se las ingenia para hacer imposible un fluido comercio con la expedición permanente de normas que espantan a los inversionistas, con situaciones imposibles de manejar, inventando disposiciones en contravía de toda la regulación internacional.

Sin importaciones ni empleos. Son un poco más de 50 empresas que están generando importaciones por más de 50 millones de dólares al año y 1.500 empleos directos puestos en peligro, además de los que se crean permanentemente con el montaje de gimnasios de todo tipo a lo largo y ancho del país.

Algo más: como si fuera poco en la “sabihonda” decisión de controlar y no dejar entrar los equipos de gimnasia, incluyeron, asimismo, colchones especiales, básculas y un sinnúmero de equipos y elementos que se comercializan en todo el territorio nacional.

Quiebra inminente. Por cuenta de estos “genios” del referido Instituto, se calcula que en este momento el problema es para cerca de 500 empresas que están seriamente amenazadas de quiebra por el sinnúmero de normas y condiciones exigidas por el Invima, con una serie de medidas restrictivas del comercio que Colombia no puede aplicar a su mayor socio comercial.

Preparan protesta. Dada la gravedad de la situación que hoy denuncia La Barca, los importadores objeto de esta detestable trapisonda se encuentran dispuestos a elevar una protesta formal ante la contralora general Sandra Morelli y el procurador general Alejandro Ordóñez, en vista de que a los burócratas del Invima nada ni nadie los conmueve y parece que les importa un bledo la suerte de este respetable sector damnificado por su insensato proceder.