Reducir los procesos que existen contra la Nación y superar las sentencias favorables para el Estado, serán dos de las metas que cumplirá la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Con la Agencia se logra, definir y unificar las políticas de defensa e información, pero además, coordinar y, en ocasiones específicas, ejecutar la defensa del Estado en casos de interés estratégico.

A la cabeza de la entidad estará un Consejo Directivo, conformado por los Ministros de Justicia y del Derecho –quien la preside–, y los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, el Secretario Jurídico de Presidencia y dos asesores externos. Este Consejo estará encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la Nación, siguiendo un plan estratégico. En particular, determinará los criterios que hacen obligatoria la intervención de la Agencia Jurídica en determinados casos en contra de las Entidades Nacionales.

En este sentido, es de aclarar que la Agencia no acogerá la totalidad de los casos adelantados en contra de las 228 entidades que conforman el orden Nacional, sino que escogerá casos de mayor importancia y que requieren por tanto de atención específica. También tendrán especial control los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de la Haya y los tribunales internacionales de inversión conformados bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI.

La Agencia se crea por la expedición de la Ley 1444 de 2011 que confirió facultades extraordinarias al Gobierno para modificar la estructura de la Administración Pública en el sector justicia.

Además, su diseño es producto del trabajo altamente especializado desarrollado desde hace más de un año por el Gobierno con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que ha transmitido todo su conocimiento en el desarrollo de este tipo de entidades en otros países de la región.

El Banco Interamericano apoya la puesta en marcha de esta institución a través de un crédito por US$10 millones; prenda de seguridad para adelantar un proceso estructurado y sólido.

En la creación fue fundamental el concurso constante y dedicado de un equipo multidisciplinario del Gobierno, liderado por altos funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho y con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República.