Un país políticamente partido en dos (fujimoristas y anti), con la inseguridad desbordada, un 23% de la población en la pobreza, elevado índice de empleo informal y una inequitativa redistribución de la renta, pese a su consolidada economía es lo que recibirá el presidente que hoy los peruanos elijan en las urnas.

 

El duelo entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ambos hijos de inmigrantes, se vaticina muy cerrado dado a que se ha reducido a ser un pulso entre los fujimoristas, el movimiento político surgido en los 90’s con el expresidente y hoy condenado padre de la candidata de raíces asiáticas y sus opositores, que temerosos de que retorne la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, cerraron filas en torno al experimentado economista de ascendencia europea.

 

Si se cumplen los vaticinios de las encuestas, este atípico duelo de derechas por el poder sería un voto-finish, porque si bien todas marcan una ligera ventaja de Keiko también evidenciaron el sostenido repunte de PPK en los últimos días, gracias a los indecisos, sector que la líder de Fuerza Popular parece no logró ni siquiera arañar.

 

Esa franja electoral, que las encuestas ubican en tan solo un 5%, será hoy clave, ya que la diferencia en la intención de los candidatos oscila entre 0.7% y 4%, dentro del margen de error, por lo cual no es posible señalar quien es el favorito. 

 

Keiko sueña con convertirse hoy en la primera mujer presidente del Perú, pero también puede repetírsele la pesadilla de hace cinco años, cuando en el balotaje, se le escapó el poder por escasos puntos porcentuales ante Ollanta Humala.

 

Cargando la pesada cruz de su padre, condenado a 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad, la candidata optó por marcar distancia, aunque sin desconocer los hechos. Así ha recalcado que retomaría los logros de Gobierno de su progenitor, el mayor de ellos haber acabado con la guerrilla y no repetiría los errores que cometió, como la red de corrupción a la sombra dirigida por Vladimiro Montesinos y violaciones a los derechos humanos.

 

Los crímenes y desatinos de Alberto Fujimori, aún frescos en la memoria colectiva, se convirtieron no en tema central de la campaña y en motor de cola para la aspiración del candidato de Peruanos por el Kambio.

 

Disímiles en sus discursos, plan programático, experiencia pública, expectativas y  edad (41 años de Keiko contra 77 de Kuczynski), concitaron vertientes políticas  antagónicas. Solo un pequeño sector de los 23 millones de convocados al voto obligatorio se mostraba dubitativo y hoy se convertirían en el peso, así sea mínimo, que incline la balanza.

 

Con una economía consolidada, ya que el crecimiento fue en promedio hasta el 2014 del 5%, Perú tiene una tarea pendiente: extender las ventajas de esa solidez a los sectores más marginados y generar empleos formales, con todas las condiciones de bienestar y seguridad social que ellos requieren.

 

El último año registró apenas un crecimiento del 2,4% por el  de la bonanza de las materias primas, y las caídas en otros sectores clave como  la minería y la pesca. Por eso es que la reactivación del aparato productivo vuelve a entrar en los primeros renglones de la agenda gubernamental.

 

Y es en este frente, donde PPK ganó peso electoral, porque el exministro y exitoso banquero de Wall Street ofrece sus conocimientos y seriedad en momentos en que la población pide mano firme para reactivar la economía y, de paso, enfrentar una creciente ola de inseguridad ciudadana, cimentada según algunos estudios en la falta de oportunidades laborales.

 

Para ello tiene el aval de sus rivales de la primera vuelta,  candidatos y partidos, entre ellos de la popular líder de izquierda Verónika Mendoza.

 

En la otra gran tarea pendiente en el país andino y que se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana, la creciente inseguridad, la que toma la delantera, al menos en la percepción popular es Keiko Fujimori, porque consideran que tendrá, al igual que su padre, la mano fuerte para erradicar ese flagelo.

 

Las propuestas que ha planteado para ello es habilitar a las Fuerzas Armadas y sacarlas a la calle como un refuerzo al patrullaje policial y construir cinco cárceles a más de 4.000 metros de altura para confinar en ellas a violadores, secuestradores y otros delincuentes.

 

Por su parte Pedro Pablo Kuczynski ha planteado otras medidas efectivas, como las penas acumulativas -hoy en Perú sólo se cumple la sanción penal más grave- y un sistema de cárceles de máxima seguridad pero productivas, con trabajos para los presidiarios.

 

Pese a sus esfuerzos por mostrarse como una generación diferente de los Fujimori, la hija del autócrata que purga una condena de 25 años de cárcel genera resistencias en la mitad de la población, para la otra mitad, ella está más allá del bien y del mal. Consideran que no la perjudica la situación de su padre y que ha dejado en claro que éste no tendría ni amnistía ni otro tipo de beneficio judicial si ella llegara al poder.

 

También tiene a su haber una buena percepción y respaldo de la comunidad peruano-nipona en su país, la segunda más numerosa de América Latina y que oscilaría entre 80 y 90 mil personas, incluyendo aproximadamente a los 30 mil nikkei peruanos que viven en Japón.

 

Y si bien Keiko, quien pertenece a la generación "sansei" (nietos de inmigrantes), mantiene un relación pasiva con la comunidad nipona, una victoria suya no pasará desapercibida en ese colectivo que vive del comercio y la industria.

 

Retos inaplazables

 

Independiente de quien gane en las urnas, los peruanos confían en que el nuevo presidente enfrente prioritariamente los mayores problemas nacionales: guerra a la inseguridad (sicarios, crimen organizado y delincuencia común)  así como atender las demandas sociales para reactivar el clave sector de la minería.

 

Asaltantes que irrumpen en restaurantes y farmacias, emboscadas a empresarios, extorsiones a dueños de colegios con granadas en las puertas de sus locales, la acción de sicarios o el asesinato de personas por robarles el celular, se han vuelto pan de cada día en  Perú. 

 

Tras superar dos décadas de guerra interna contra las guerrillas y el terrorismo (1980-2000), Perú saneó su economía y se convirtió en la estrella de Latinoamérica, acogedor para el turismo, la buena comida y las inversiones. Con una economía en gran parte dolarizada es común ver en las calles a cambistas de dólares que, trabajando por años sin problemas, que se han vuelto también blanco de la delincuencia.

 

El actual gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia varias ciudades del país, entre ellas el Callao, vecina a Lima, donde bandas de narcotraficantes se disputan a balazos la supremacía del territorio y de operaciones en esta provincia que alberga al primer puerto del país. Pero no ha sido suficiente.

 

La población se siente desprotegida y han comenzado a tomar “justicia por propia mano”, un problema social que amenaza con estallar en las manos del nuevo mandatario, por lo que deberá actuar rápido y eficazmente.

 

Otro frente inaplazable de acción para el sucesor de Humala, si pretende reactivar proyectos clave que impulsen el crecimiento económico, será resolver las históricas demandas sociales y ambientales de comunidades andinas que se oponen a la minería en sus territorios.

 

En los últimos años, especialmente a partir de 2011 bajo la gestión del actual mandatario -que dejará el poder el 28 de julio- se han paralizado o retrasado una decena de proyectos mineros, con inversiones por 21.500 millones de dólares, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

 

La mayoría de ellos son de extracción de cobre, oro y plata, minerales de los cuales Perú es uno de los diez mayores productores mundiales. Y la minería es un sector que representa casi el 10% de su PIB.

 

El proyecto Conga en Cajamarca (norte) -de Newmont y la local Buenaventura- y el Tía María en Arequipa (sur) -de Southern Copper- son dos casos emblemáticos, donde hubo enfrentamientos con la policía y civiles muertos.

 

Las comunidades se oponen a esas iniciativas porque temen daños a sus cultivos y sus aguas, sobre todo por la minería en cabecera de cuenca, allí donde los ríos nacen, en este caso en los Andes, y donde abundan los minerales.

 

Tanto Keiko como PPK son favorables a la inversión minera, bien vistos por los mercados aunque no tanto por los dirigentes campesinos.

 

"De ambos candidatos no esperamos nada, en la medida que ellos son defensores del modelo… Quien vaya a gobernar el país tendrá que respetar la voluntad popular. No a la minería en cabecera de cuenca, no a la minería extractivista a cielo abierto y la protección del ecosistema ", dijo el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra. 

 

Según la Defensoría del Pueblo, a abril de 2016, de 145 conflictos socioambientales registrados, 91 están relacionados al sector minero. Y suman 69 los muertos en protestas desde 2011.

 

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez, "el nuevo gobernante debe mostrar liderazgo para convencer a la población de la necesidad de ir adelante con proyectos mineros que aseguren un financiamiento para el crecimiento del país y reducir la pobreza".

 

Pero, para que ello ocurra, "el estado tiene que hacer partícipe a la población de los beneficios que el país recibe (...) Gran parte de la minería se da sobre los 3.000 metros de altura allí donde no llega el Estado. No hay una visión clara y creen que el tema lo resuelven sólo las empresas", agregó.

 

La minería ilegal ha depredado la Amazonía y contaminado con mercurio a poblaciones, alimentos y animales. El gobierno actual la ha combatido con fiereza, destruyendo maquinarias, aunque Fujimori y Kuczynski prometen medidas para estimular su formalización.

 

Finalmente un tercer reto, no tan inmediato como los anteriores pero sí necesario es buscar una reconciliación política para que Perú vuelva a ser el alumno aplicado, emprendedor y ejemplo de América Latina. /EL NUEVO SIGLO con AFP