21 guerrilleros desmovilizados y postulados del Ejército Popular de Liberación EPL iniciaron esta semana la audiencia concentrada de formulación y legalización de cargos para la obtención de la primera sentencia condenatoria dentro de la Ley de Justicia y paz, por su participación en la comisión de múltiples delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los que se destacan homicidios, secuestros extorsivos, desapariciones forzadas, utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, entre otros.

Entre algunos de los hechos confesados por ellos se encuentran el secuestro extorsivo de Juan Carlos Lizcano, hermano del actual presidente del Senado Oscar Mauricio Lizcano, ocurrido el viernes 29 de abril de 2006, en la vereda Aguas Claras, en la vía que de Quinchía conduce a Irrá en Risaralda; además de extorsiones y atentados terroristas que afectaron a empresas como Pastas Gavassa & CIA Limitada, Cotrander y Transportes Transcolombia en Santander.

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación. Los integrantes de esta agrupación subversiva afectaron con su actuar criminal, principalmente a campesinos, ganaderos, agricultores y empresarios de los departamentos de Santander, Norte de Santander, César, Caldas y Risaralda.

Durante la audiencia se abordarán temáticas de gran importancia para la verdad y la memoria histórica del país, tales como; la conformación como grupo político- guerrillero, alianzas internacionales gremiales, civiles, estatales y políticas que permitieron su fortalecimiento y expansión a lo largo del territorio nacional; estructuras, mandos, acciones delictivas, así como su desmovilización y posterior exterminio de los integrantes que hacían parte de su proyecto político.

Igualmente se expondrá la consolidación de sus disidencias como la conformación de nuevos frentes de guerra, la integración de ex- combatientes a los grupos de autodefensas y a bandas criminales conocidas como "Los Úsuga", los "Urabeños" y ahora "Clan del Golfo", además de los denominados "Pelusos" en la región del Catatumbo.

 Con la colaboración de los 21 desmovilizados, más de 7000 víctimas de este grupo podrán ser reparadas, gracias a la alta suma que se obtendrá del importante número de bienes denunciados y entregados por los postulados del EPL, con destino al fondo para la reparación a las víctimas del conflicto armado.