La norma base la justicia transicional en Colombia está haciendo agua. Mientras en el Congreso hay dos proyectos para reformarla a fondo, la OEA advierte que muchos de los postulados podrían llegar a 2014 sin castigo alguno.

Es común que cuando se emite un diagnóstico sobre determinado problema o falencia, los responsables o afectados quieran asegurarse de la pertinencia del dictamen pidiendo una segunda opinión. Sin embargo, cuando uno tras otro los diagnósticos llegan a la misma conclusión, ya no hay lugar a dudas sobre la existencia de la falencia advertida.
Y eso es precisamente lo que ocurre con la Ley de Justicia y Paz, que en el último mes ha sido objeto de cuatro evaluaciones y todas coinciden en el estado agonizante de esta norma de justicia transicional que se proyectó con el objetivo de facilitar el proceso de desmovilización masiva de los grupos paramilitares así como de guerrilleros de manera individual.
El primer ‘corte de cuentas’ sobre las falencias de esta normatividad se dio, paradójicamente, en el marco del arranque del debate en el Congreso al proyecto de acto legislativo de nuevo “marco legal para la paz”, uno de cuyos pilares básicos es la reforma a la Ley de Justicia y Paz.
Radiografía en Congreso
Según la exposición del senador ponente Roy Barreras, es necesario reforma la ley de Justicia y Paz, ya que el corte de cuentas de la norma expedida en 2005 y que comenzó a operar en la práctica en 2006 arroja los siguientes resultados:  
- Más de 52.000 personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley durante los últimos años.
- Actualmente en el programa de reintegración económica existen aproximadamente 7.000 desmovilizados.
- 20.000 desmovilizados se encuentran estudiando.
- Y otros 20.000 reciben estipendios mensuales.
Sin embargo, según la exposición de Barreras ante la Casa de Nariño (en septiembre 15) cuando obtuvo el guiño del presidente Santos y la Unidad Nacional para sacar avante el proyecto, la situación de inseguridad jurídica de desmovilizados rompe el proceso de compromiso de quienes están activos en el proceso y se abre espacio al reclutamiento masivo por parte de grupos al margen de la ley.
Igualmente “con la Ley de justicia y paz, y los posteriores procesos que se dieron, no se entregó la suficiente seguridad jurídica a los desmovilizados de los grupos insurgentes de cara a los posibles beneficios de la ley, creándose un escenario de inestabilidad jurídica e incertidumbre sobre el futuro procesal de cada desmovilizado”.
De acuerdo con bases teóricas del proyecto de marco legal para la paz, “es necesaria una reforma a la Ley de justicia y paz que, en el corto y mediano plazo,  entregue seguridad jurídica a los desmovilizados y a las víctimas, con conocimiento pleno de la verdad y aplicación real de justicia”.
En ese orden de ideas se propone revisar la estructura procesal y la articulación que exista en el aparato judicial para evitar que se cumplan los tiempos de la norma y no se implemente o no se vean los resultados finales que establece la misma. Se advierte en este caso, que ya la ley cumplió cinco años y tan sólo se han proferido 4 condenas, ello implica revisión del proceso.
Se indicó en la misma propuesta de marco legal que hay más de 25.852 postulados, de los cuales se han iniciado 2.600 versiones libres, con sólo 390 postulados con formulación de imputación, y tan sólo 4 condenas.
“La Ley sin duda abrió un camino innovador; pero sin ajustes, las posibilidades reales de verdad, justicia y reparación no se concretarán en resultados satisfactorios”, concluyó la exposición de Barreras.
El propio Santos, cuando conoció el texto del proyecto, le dio el guiño. “El Proyecto lo que busca básicamente es darle uno marco constitucional a la Justicia Transicional. Eso lo requiere el país para solucionar una serie de problemas en la Ley de Justicia y Paz y lo que analizamos fueron las bondades de ese proyecto y la necesidad de que la Mesa de Unidad le diera su aval y su apoyo”, dijo.
Visión de Procuraduría
El segundo ‘corte de cuentas’ crítico a la norma se dio a comienzos de este mes, cuando la Procuraduría General presentó un informe sobre el estado de la justicia transicional en Colombia.
La viceprocuradora general Martha Isabel Castañeda Curvelo, resaltó los avances en la aplicación de la justicia transicional y de la ley de Justicia y Paz y de víctimas y restitución de tierras, que se constituyen en la columna vertebral de este proceso transicional.
Destacó los avances de la justicia transicional en relación con el derecho a la verdad. Dijo que de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía a 31 de diciembre de 2010,  la contribución de los desmovilizados en este tema ha permitido la documentación de 1.614 masacres, 173.618 homicidios, 3.557 casos de reclutamiento forzado de menores, 34.740 desapariciones forzadas, 77.180 eventos de desplazamiento forzado y 3.611 secuestros.
Agregó que la justicia transicional también permitió ubicar 3.763 cadáveres, de los cuales 1.384 fueron plenamente identificados y 1.295 entregados a familiares. Se resaltó  también el tema de la reparación administrativa que a 31 de julio de 2011 había beneficiado a 35.410 familias y ejecutado un presupuesto de 652 mil millones de pesos.
Sin embargo, el Observatorio de justicia transicional del Ministerio Público también advirtió algunas situaciones preocupantes como lo concerniente a los proyectos productivos de los desmovilizados, los cuales  carecen de una garantía  de sostenibilidad.
El balance también hizo referencia a la falta de capacidad del Estado para “procesar a las 4.634 personas postuladas al proceso de justicia y paz, por realizar las diligencias de versiones libres respecto de 1.855 postulados y por adelantar los incidentes de reparación integral”.
Se advirtió, igualmente, sobre la reacción del Estado, la cual se calificó de lenta al momento de introducir los cambios que la justicia transicional va requiriendo o las soluciones que provee.
En ese sentido la Viceprocuradora hizo referencia a la vigencia de la Ley 975, sobre el trámite del incidente de reparación integral, la Ley 1424 de 2010, sobre la necesidad de priorizar el juzgamiento de algunos postulados, de la necesidad de que también se investigue la barbarie de los grupos guerrilleros y la ley de víctimas.
Balance de Fiscalía
Casi paralelamente la Fiscalía presentó también otro preocupante panorama sobre el estado de la justicia transicional.
Se indicó que la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz adelantaba investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones a la normativa humanitaria a 4.131 postulados, ex integrantes de autodefensa y a 503 postulados ex integrantes de grupos guerrilleros, para un total de 4.634 personas integradas al proceso previsto por la Ley 975.
Según el ente acusador, el accionar delictivo no solo comprendió la comisión de homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y tortura, entre otros; sino que, los fiscales también han constatado que se perpetraban delitos sexuales contra las mujeres.
En este último aspecto se indicó que habían sido adoptadas varias medidas específicas relacionadas con la investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Gracias a ello, la Unidad cuenta con un reporte de 727 casos de violencia sexual contra mujeres ocurridos entre los años 1979 y 2010.
En otra faceta de su tarea, Justicia y Paz de la Fiscalía, para alcanzar una reparación integral a las víctimas, creó el 3 de mayo de 2011 una subunidad que ha logrado identificar y ubicar 4.507 bienes. Esa dependencia cuenta con la facultad de adoptar medidas cautelares para garantizar la disponibilidad de las propiedades para su restitución judicial. Igualmente, la Fiscalía ha entregado a Acción Social de la Presidencia dinero en efectivo entregado por los postulados, con destino a la reparación a las víctimas, por un monto de $4.503´343.243.
En cuanto a los procesos, la Fiscalía dijo que se habían iniciado diligencias de versión libre con 2.779 postulados, de los cuales 1.390 están ratificados. Así mismo, hay 1.855 postulados pendientes de comenzar versión libre. Ello significa que la Unidad ha reunido a 3.245 postulados.
Los fiscales de la Unidad también han compulsado 1.159 copias discriminadas así: 476 a políticos, 505 a miembros de la Fuerza Pública y 178 a servidores públicos. De esas 476 copias compulsadas a políticos; 48 lo fueron a concejales; 252 a alcaldes 36 a diputados, 33 a gobernadores, 48 a representantes a la Cámara y 59 a senadores. Con respecto a los integrantes de la Fuerza Pública, los fiscales de Justicia y Paz compulsaron copias a 191oficiales y 57suboficiales del Ejército, 121 oficiales y 128 suboficiales de la Policía, entre otras compulsas.
En torno de la búsqueda de las personas desaparecidas la Unidad ha exhumado 3.451 fosas, ha encontrado 4.267 cadáveres, tiene identificadas de manera indiciaria a 911 víctimas, identificó plenamente 1.616 cuerpos y entregó a las familias restos correspondientes a 1.529 cuerpos.
Del mismo modo, la Unidad de Justicia y Paz ha enfocado su actividad hacia el respeto a las víctimas dentro de las actuaciones procesales, adelantando su registro, informándolas sobre sus derechos y sobre el curso de los procesos.
La cifra total de víctimas registradas es de 352.437, de las cuales 28.672 fueron registradas entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011. Así mismo, en ese lapso se han transmitido en directo a 134 municipios las diligencias de versión libre. En total se han efectuado 1.890 días de trasmisiones en directo a 535 municipios. Se efectuaron 122 jornadas generales de atención a víctimas durante los últimos ocho meses, en los que se atendieron 17.893 personas. En total, los funcionarios de la Unidad han atendido a 131.588 víctimas en 683 jornadas. Se han realizado 201 jornadas especiales de atención a familiares de desaparecidos, en las que se atendieron 39.807 personas y se han tomado 15.980 muestras biológicas a los familiares.
En lo que toca a los aspectos procesales, los fiscales de Justicia y Paz han presentado escrito de solicitud de audiencia de imputación en contra de 451 postulados. También han presentado escritos de solicitud de audiencia de formulación de cargos para 195 postulados, se formularon cargos a 100 postulados y otros 33 estuvieron en las audiencias de legalización de cargos.
Reforma de Morales
Precisamente a mediados de septiembre la Fiscal General Viviane Morales Hoyos presentó al Congreso un proyecto de ley para solucionar “los problemas de tipo procedimental y sustancial”, con el fin de que el proceso de justicia y paz “pueda fluir”, y puso de presente que hay más de 400 casos imputados y “apenas hemos obtenido cuatro sentencias en seis años”.
Al explicar el proyecto de ley (integrado por 13 artículos), Morales señaló que se busca mediante un principio de justicia transicional, como es el de priorizar, para tener en cuenta: los autores, debido al rango o al nivel de responsabilidad; también se quiere dar prioridad por razón de las conductas. “Todas son graves, pero habrá que priorizar las que parezcan más graves, como por ejemplo el desplazamiento forzado, la violencia de género, las masacres…”, añadió.
Dijo que también habrá prelación por razón de las víctimas con un enfoque diferenciado, cuando los crímenes hayan sido contra población indígena, contra niños, y contra mujeres.
Otro aspecto de la reforma propuesta se refiere a las causales de exclusión: “En el proceso tenemos gentes que no están colaborando, pero están ahí”, por ello debe quedar claro cuáles son las causales de exclusión y los elementos para quien quiera renunciar al proceso; con el fin de tener estadísticas claras, “que se queden los que son”, enfatizó la Fiscal.
Al ahondar en las causales de exclusión de los postulados, la Fiscal afirmó que entre éstas se encuentran la renuencia del postulado, su no comparecencia, el incumplimiento a los requisitos de elegibilidad señalados por la ley, hechos confesados no referidos con su pertenencia al grupo armado, y el fallecimiento del postulado.
En torno del aspecto procedimental aseveró que “éste es interminable”, pues hay actualmente cuatro audiencias y una audiencia de imputación se puede demorar un año, y luego una de formulación de cargos y otra de legalización de cargos; y en todas se repite lo mismo tres veces, “queremos ahora dos audiencias: una de imputación y ante el magistrado una de formulación y aceptación de cargos y una vez imputados y aceptados los cargos que venga la sentencia”.
La Fiscal al referirse al incidente de reparación de víctimas explicó que hoy se hace antes de la sentencia, y señaló que la entidad tiene 30 casos en los que están legalizados los cargos y debería haber 30 sentencias, pero como antes debe hacerse el incidente de reparación, la sentencia viene después, “queremos que la sentencia se haga primero y después el incidente de reparación”, añadió.
Con relación a los bienes la Fiscal dijo que lo planteado en el proyecto legal conferirá más claridad a qué propiedades entran en el proceso de justicia y paz y qué las facultades tendrían “fiscales y jueces sobre esos bienes para reparar a las víctimas”.Subrayó, al término de su encuentro con la prensa, que los cabecillas de grupos de autodefensa extraditados a Estados Unidos han manifestado su disposición de seguir colaborando.
Campanazo de OEA
Y para cerrar el preocupante diagnóstico de esta semana, la Misión de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó esta semana un informe al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en donde hace un preocupante balance de la norma.
En el documento, preparado por el juez español Baltasar Garzón, quien fue designado por la ONU para el acompañamiento que hace el organismo al proceso de paz en Colombia, se advierte que en el año 2014, la mayor parte de los postulados a la Ley de Justicia y Paz saldrá en libertad sin haber sido condenados.
Por lo mismo, el informe dijo que es imprescindible la modificación de la Ley de Justicia y Paz.
Frente al lento avance de las investigaciones penales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la OEA propone que se seleccionen los casos de los máximos responsables y mandos "cualificados" para que la Fiscalía los investigue. Y en cuanto a los integrantes rasos de los grupos paramilitares indicó que deben ser judicializados por medio de la Ley 1424, la cual fue liderada por el Gobierno para sacar del limbo jurídico en que se encontraban cerca de 25 mil personas. Recientemente esta norma fue avalada por la Corte Constitucional.
En ese sentido la Misión de Paz de la OEA coincide con el proyecto sobre reforma de Justicia y Paz que en septiembre pasado la fiscal Morales presentó al Congreso.
“Hace imprescindible el avanzar, así como la modificación que se propone, que en todo caso incluye la propuesta de la Fiscalía General de la Nación”, señala el informe de la OEA.
Dentro de las estrategias de investigación para darle celeridad a los procesos, la OEA le pide al Gobierno la “aplicación del enfoque diferencial y la perspectiva de género en las investigaciones judiciales, teniendo en cuenta el especial impacto social y político que el conflicto armado ha tenido sobre determinados grupos sociales, comunidades y pueblos”.
¿Y ahora?
Es claro, entonces, que la ley de Justicia y Paz tal como está hoy ya agotó su margen de acción y es urgente la reforma que se está tramitando en el Congreso.
Sin embargo, para muchos críticos el problema no está tanto en los mecanismos de la jurisdicción de justicia transicional sino en que la estructura de la Fiscalía y otras dependencias del Estado colombiano no son suficientes para destrabar tal cantidad de procesos, no sólo los represados sino los que se podrían abrir en caso de que el Parlamento extienda en el tiempo la posibilidad de aplicar este modelo excepcional de investigación y juzgamiento a personas que acepten dejar las armas y reinsertarse a la vida civil.
Propuestas como la que se puso sobre el tapete esta semana, en el marco de la entrega del informe de la OEA, en torno a que se podría pensar en la posibilidad de repatriar a los cabecillas de las autodefensas que fueron extraditados a Estados Unidos en el anterior gobierno, con el objetivo de acelerar sus confesiones en Colombia y garantizar así la verdad, justicia y reparación para las víctimas, son viables en la teoría pero es claro que la justicia estadounidense no los devolverá sino hasta dentro de muchos años.
Por otra parte, la discusión del marco legal para un nuevo proceso de paz puede enredarse, no tanto por la reforma a la ley de marras, sino porque hay elementos en el articulado que han complicado el inicio de la discusión, como lo es la posibilidad de aplicar beneficios penales y penitenciarios a los militares que sean condenados por delitos relacionados con el conflicto armado, o la propuesta (archivada ya en primer debate) en torno a que los desmovilizados podría postularse a cargos de elección popular.
Como se ve, todos los diagnósticos sobre la ley de Justicia y Paz confirman que la ‘paciente’ afronta graves problemas y que es urgente una intervención de fondo que, de un lado, permita superar el atraso de miles de procesos y, del otro, lleve a que la nueva legislación sirva para absorber a nuevos victimarios, como los integrantes de las llamadas bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico (Bacrim).
Habrá, entonces, que espera para saber qué sale del Congreso y si la norma reformada por fin redundará en verdad, justicia y reparación definitiva para superar definitivamente la violencia derivada del conflicto armado en Colombia.