El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dijo que no se puede descalificar el sistema de justicia transicional que se quiere aplicar en Colombia porque ni siquiera está lista la ley estatutaria que desarrolla este proceso.

La afirmación la hizo con ocasión del Segundo Foro de Análisis del Sistema Penal Oral Acusatorio, que organizó la Fiscalía en Paipa (Boyacá), al referirse a las críticas que el procurador, Alejandro Ordóñez, realizó sobre el tema cuando dijo que habría impunidad en el país si se aplica este esquema.

“Me parece una posición muy imprudente, sin que exista la ley estatutaria del marco constitucional para la paz, anunciar procesos de impunidad”.

“No se puede descalificar a la justicia colombiana. No se puede decir si el estatuto de justicia transicional viola el Estatuto de Roma porque no se ha elaborado la ley estatutaria. No es prudente la petición del procurador.

“Implícitamente está haciendo una descalificación de la justicia colombiana porque los tribunales internacionales solo operan cuando hay fallas estructurales en nuestra justicia. Me parece muy inconveniente la posición del procurador”, enfatizó Montealegre.

Ordóñez pide ayuda internacional

En desarrollo de su visita institucional a la sede de la Corte Penal Internacional, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, manifestó a la primera vicepresidenta, la juez Sanji Monageng, y a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, sus preocupaciones frente a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país.

La Procuraduría busca que en este proceso de negociación la justicia colombiana se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio.