Justicia quejosa. La reforma judicial planeada por el Gobierno elude el tema salarial. No aminora las diferencias salariales entre altos magistrados y jueces sencillos. Los magistrados perciben al año $ 366 millones, incluyendo primas y vacaciones gracias a su asignación de $ 22 millones mensuales. Tal suma rebasa en $ 292.667.000 el salario anual de un Juez Municipal, a quien le abonan, en total, $ 73.333.000 por año. El Juez de Circuito recibe $ 5.450.000 cada mes y $ 85.270.000 en el año.

Mora judicial. Liliana Pardo Gaona esperaba, al medio de ayer, libertad provisional porque lleva 105 días sin que su caso de lugar a la apertura de juicio. El Juzgado 29 Penal tenía un plazo de 95 días y se ha excedido 10. La ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se queja de su situación, pero admite que el sumario pertinente ajusta más de 1.000 folios. Ha pasado la reclusión en el domicilio.

Sanción política. Según dirigentes de las colonias caldenses de Neira, Aranzazu, Salamina, Pácora y Aguadas, en el futuro le será negado apoyo electoral al abogado Luis Fernando Rosas. Gabriel Calderón, oriundo de Neira, aclaró que hace tiempo respaldan a Rosas en todas sus aventuras electorales, como las de los años ochenta cuando con votos conservadores llegaba a la Cámara como liberal galanista. “Su adhesión a Gustavo Petro es una ofensa a la ideología de quienes tanto le colaboramos en el pasado. Nosotros siempre hemos combatido el chantaje, los secuestros, el incendio, el robo y los asesinatos, faltas tanto éticas como legales que practicaba el M-19, en su época de guerrillero”.

Partidos en alerta. Aproximadamente son 1.450 los aspirantes a cargos de elección popular que hasta ayer habían sido rechazados por los Partidos Liberal, Conservador y Polo Democrático. Tal número equivale a 10% de los postulados. Las inscripciones vencen el miércoles venidero. Es fuerte la decisión de los jefes políticos para ofrecer nombres intachables.