Tras pasar la página del ‘oso’ que significó para el Gobierno nacional y el Congreso la malograda reforma a la justicia, este año promete mejores momentos. La administración Santos tiene en mente presentar varios proyectos, hay recursos para fortalecer la rama desde el punto de vista tecnológico y avanzar en la descongestión.

De contera también se prevé que hasta el 2018 habrá paz laboral en la rama luego de que a finales del año anterior y tras 45 días de paro, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, firmó un acuerdo con los trabajadores para su nivelación salarial, pendiente desde 1992.

Definitivamente parece ser otro aire el que se respira este año en el propósito de tener una mejor justicia en Colombia, más transparente, más eficaz, más cercana al ciudadano. Ajena a la politiquería y a otras veleidades como el protagonismo.

Que los jueces hablen a través de las sentencias y no por los micrófonos, se alcanzó a oír en medio del enfrentamiento que vivió el gobierno del entonces presidente Uribe con la Corte Suprema de Justicia, que tuvo momentos tan críticos como la demora del alto Tribunal para elegir al fiscal General de la Nación tras finalizar su periodo Mario Iguarán, como las ‘chuzadas’ y seguimientos que se orquestaron desde el DAS contra magistrados de las altas Cortes.

 

Una mirada desde la barrera

 

EL NUEVO SIGLOconsultó a los ex ministros de Justicia Néstor Humberto Martínez y Parmenio Cuéllar, así como a Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, sobre los retos que tiene la justicia para este año, claro está, sin dejar de lado lo que se quedó en el tintero en 2012.

Desde la mirada que le dan al actual momento de la rama, Martínez considera que sigue la necesidad de la reforma a la justicia, aunque destaca que el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que estaba en la mira del Gobierno para su eliminación, empieza a dar muestras de querer mejorar.

Lancheros expresó que es necesario superar los efectos que dejó el paro de los trabajadores de la justicia, y se mostró optimista por la aplicación de nuevas leyes como el Código General del Proceso.

Mientras que Cuéllar dijo que el primer paso que debe dar la justicia en Colombia es adoptar una política criminal.

 

Las cartas del Gobierno

 

Es claro que en lo que le resta de su periodo difícilmente el Gobierno nacional se daría la pela en presentar una reforma a la justicia, tras el amargo trago que tuvo que pasar el año anterior.

Luego del escándalo por los micos en la reforma, a mediados de 2012, la ministra Correa anunció que la estrategia en adelante sería proyectos puntuales para atender los principales problemas de la rama.

Y así lo confirmó a finales del año anterior cuando dijo que “la noción de inmediatez va a ser la verdadera reforma a la justicia”.

La alta funcionaria precisó así que ya se está adelantando “una reforma seria a la administración de justicia” a través de normas como las que presentará en marzo al Congreso, pero que empezará a socializar en los primeros días de enero.

“Tenemos listos dos estatutos que vamos a presentar en marzo. Pero en enero, vamos a comenzar con la socialización del contenido de esos estatutos”, indicó.

De acuerdo a lo expuesto por la Ministra, “tanto el estatuto de drogas como el estatuto penitenciario traen reformas sustanciales en el manejo que se le ha venido dando a ese tipo de temas”, por lo que se consideró que no era oportuno tramitarlos en el Congreso hasta que su contenido “esté muy conocido por toda la ciudadanía en general y por supuesto que haya sido aceptado”.

 

Sobre el estatuto de drogas, la alta funcionaria anticipó que “apunta a reconocer que Colombia no solamente es un país productor sino que también es un país consumidor. Y en esa línea, siendo un país consumidor, se establecen obligaciones expresas para algunas entidades estatales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, todas tendientes a la rehabilitación del individuo. Esa es la vía a la que conduce el estatuto de drogas que además establece en legislación, a través de norma positiva, los parámetros que la Corte Constitucional ha dado como lo que es la dosis mínima no sancionable penalmente”.

 

“En relación a la modificación al sistema penitenciario y carcelario que parte de la modificación de la política criminal del Estado, que también ya está lista pero que también vamos a socializar”, la ministra Correa sostuvo que “este es un estatuto que privilegia la libertad”.

 

Pero la Ministra anotó que ya la reforma a la justicia viene efectuándose porque, dijo, “los códigos que se están implementando, que son el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, así como el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, contienen realmente una revolucionaria reforma a lo que es administrar justicia como quiera que le apuntan de un lado a un proceso virtual, a un proceso en línea, a un litigio en línea. Y por supuesto, como consecuencia del litigio en línea, que garantiza fundamentalmente el acceso a la justicia, a una justicia inmediata”.

 

 

 

 

Aplicación de nuevas leyes

 

Juan Carlos Lancherosdijo que la primera sombra que se abate sobre la justicia este año es la posibilidad de que se reactive el paro en la rama.

“Esto plantea una incertidumbre sobre la vigencia de las normas en el Estado colombiano, sobre todo cuando los ciudadanos tienen que acudir a la justicia para que los haga valer”.

En segundo lugar dijo que los efectos que ha generado el paro judicial, “creo que requiere una decisión radical, no solamente del Consejo Superior de la Judicatura sino del Gobierno nacional para evitar que los efectos del paro se sigan extendiendo, pero sobre todo para que los ciudadanos tengan una justicia muchísimo más rápida de la que tenemos hasta el momento”.

Lancheros dijo que también es muy importante este año el desarrollo de las recientes leyes como son el Código del Procedimiento Administrativo y el Código General del Proceso, “todas esas reformas que buscan agilizar los procesos. La implementación del sistema oral en otras jurisdicciones plantea otros retos para la justicia muy importantes”.

Sin embargo en este sentido consideró que ha faltada más divulgación para que la ciudadanía conozca estas nuevas normas y cómo la puede beneficiar.

 

 

 

 

Política criminal

 

El senador Parmenio Cuéllar es de los que consideran que 2012 fue un año para olvidar en el propósito de tener una mejor justicia.

En ese sentido dijo que “quedó faltando todo porque no se hizo absolutamente nada, la reforma a la justicia no era ni siquiera un avance y tampoco pasó. El tema más dramático que tiene la justicia, que son las cárceles, es un problema estructural, que no depende de un ministro ni de un gobierno sino de la no existencia de la política criminal por parte de los gobiernos a través de la historia.

Aquí se legisla de manera punitiva, cada vez que hay un problema de carácter social se necesita decirle al país que hay que reprimir esta conducta, y para hacerlo se apela al Código Penal”.

El exministro de Justicia dijo que al ritmo que aumentan las leyes que modifican el Código Penal, se llenan las cárceles, “que hace tiempo perdieron su finalidad. La finalidad de la cárcel no es hacer sufrir al preso por su pecado sino rehabilitarlo, recuperarlo, resocializarlo, devolverlo a la vida, y eso no se está cumpliendo”.

Cuéllar dijo que Colombia está ad portas de ser sancionada internacionalmente por “violación de los derechos humanos en las cárceles, eso sí es inminente”.

Explicó además que dos veces ha presentado al Congreso, sin que tenga acogida, un proyecto de acto legislativo que eleva a rango constitucional la Comisión de Política Criminal. “La gente no quiere entender que la política criminal no puede ser improvisada, no puede ser fruto de los golpes que recibe la sociedad por las conductas depravadas de ciertos ciudadanos. Hay que investigarla en lo que se llama la etiología del delito, por qué una conducta criminal empezó a cometerse de manera generalizada en determinados sitios, qué se puede hacer para evitar que se cometa. En segundo lugar qué se puede hacer para sancionar de manera ejemplar, pero no de manera inhumana, al delincuente”.

Al respecto Cuéllar dijo que este debería ser el primer reto de la justicia en este año, “y creo que ese reto ya la Ministra lo ha anunciado, pero los anuncios que ella hizo de las medidas a tomar no me convencen” porque se tendría que decir que se va a institucionalizar la política criminal en el país. Que ningún proyecto de ley que tenga por objeto crear un delito, aumentar las penas, eliminar los subrogados penales, “no puede ser aprobado por el Congreso si previamente no recibe un concepto de la Comisión de Política Criminal, que le diga al Congreso ‘eso es bueno o eso está mal’, propuso.

Cuéllar dijo también que es necesario que el Fiscal General cumpla con la promesa de dar un vuelco total a la Fiscalía para asumir el reto de la investigación de las bandas criminales, “para que se hagan las investigaciones de manera estructural, a pesar de que hay muchos delitos que no son cometidos por las organizaciones criminales”.

 

 

 

Inversión

 

Al hacer un balance de lo que sucedió con la rama el año anterior, el exministro Néstor Humberto Martínez dijo que de todas maneras queda la gran deuda de una reforma a la justicia, “pero de los temas positivos, uno advierte que el Consejo Superior de la Judicatura se ha renovado y ha empezado a adoptar políticas que beneficien a la administración de justicia”.

Mirando a 2013, Martínez dijo que es necesario que ese “matrimonio” que hay entre el Gobierno y la rama judicial para mejorar la justicia logre los frutos a través de buenas decisiones en el Consejo de la Judicatura.

“Para este año está previsto más de $140 mil millones en gastos de informática, que pueden causar una verdadera revolución en la administración de justicia. Y ojalá que ese proyecto llegue a buen puerto porque podríamos ver resultados eficientes”.