- Un delito de lesa humanidad
- Las sospechas de un crimen de Estado
La declaratoria de crimen de lesa humanidad del magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado es apenas un acto de justicia mínimo frente a una investigación que ha sufrido todo tipo de anomalías y desviaciones. El sustento dado por la Fiscalía General de la Nación, para tales efectos, no obedece única y exclusivamente a los hechos escandalosos que en ese momento estremecían al país, sino que además inserta el crimen dentro de los procedimientos sanguinarios a que venía concurriendo la delincuencia organizada durante la última década, hasta entonces. Es decir, que el país vio caer a sus más grandes figuras, en aquella etapa aciaga, cuando eran de común ocurrencia actos lesivos de la humanidad. Así las cosas, si otros crímenes habían sido catalogados de esta manera para hacerlos imprescriptibles, lo mismo tenía que suceder, ciertamente, con el del doctor Álvaro Gómez. Cosa que incomprensiblemente no había ocurrido.
No de otra manera, por supuesto, puede entenderse esa secuencia de hechos que no deben tratarse jurídicamente como actos aislados o esporádicos de violencia, sino que hicieron parte de un ataque generalizado, dentro de la connivencia demostrada entre las fuerzas oscuras y elementos claves de la institucionalidad. De tal manera el nefando crimen del doctor Álvaro Gómez fue evidentemente producto de un plan cuidadosamente orquestado y por lo tanto sistemático, que puso en marcha tanto medios públicos como clandestinos y que, como dice el investigador Alejandro Ramelli, trata en muchos casos de una política de Estado. Una conducta, como sostiene el experto en derecho internacional humanitario, cuyo propósito debe implicar la comisión de actos inhumanos a miembros de la población civil, con un móvil discriminatorio que bien puede conllevar motivos políticos de cualquier índole.
En ese sentido nunca se entendió, por supuesto, cómo la Fiscalía General de la Nación evadía esa tipificación clara y categórica e incluso imperativa. Pasaron más de 20 años para que se enmendara semejante yerro y bajo estas circunstancias la Fiscalía actual ha abierto una línea probatoria, con base en un sinnúmero de declaraciones y testimonios previos evidentemente contrarios a los que sirvieron para desviar la investigación, en los años vitales después de ocurrido el magnicidio.
La Fiscalía General de la Nación da por descontado, pues, que la gran mayoría de esas declaraciones, ya contenidas en el acervo probatorio, son eminentemente verídicas y coincidentes desde los diferentes flancos investigativos. En ese horizonte, las autoridades le dan gran prevalencia a las denuncias que el doctor Álvaro Gómez Hurtado hacia sobre lo que llamaba el Régimen, es decir, un sistema de complicidades en el cual se perdía la democracia en manos de una conspiración permanente, incluida la Presidencia de la República, el Congreso, los órganos de control y la prensa oficialista, para impedir la marcha sana y transparente del sistema político colombiano.
De hecho, en la sustentación de la fiscal del caso constan al menos 65 editoriales escritos en este diario, del cual el doctor Gómez Hurtado era editorialista y Consejero Editorial, por medio de los cuales se ponían de presente las evidencias de ese Régimen.
La Fiscalía deja entrever, por igual, que el doctor Álvaro Gómez Hurtado se venía convirtiendo en la figura clave a la que comenzaba a mirar el país como alternativa, bien porque el entonces gobierno de Ernesto Samper Pizano no pudiera terminar, en vista del escándalo creciente, o bien porque decidiera renunciar para dar cabida a un nuevo ambiente político. En esa dirección el ente acusador se mantiene sobre la hipótesis de lo que venía aconteciendo con el cartel del norte del Valle y las diversas actuaciones de las que hizo parte en esa hora aciaga de la historia colombiana, antes y después del magnicidio del doctor Álvaro Gómez, incluido el secuestro del hermano del expresidente César Gaviria en momentos en que la Cámara de Representantes se disponía a archivar la investigación sobre la espuria campaña presidencial de Samper Pizano. Y bajo esa línea antedicha, la Fiscalía procederá a ordenar determinadas declaraciones, con exmiembros del cartel del norte del Valle, donde aparece la figura preponderante del coronel (r) Danilo González, exdirector del Gaula, asesinado en momentos en que se iba a entregar a las autoridades estadounidenses, en 2004.
La declaratoria de crimen de lesa humanidad al magnicidio del doctor Álvaro Gómez era una solicitud reiterativa de su familia, lo mismo que de los editoriales de este diario y de los expresidentes de la República Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, circunstancias a las que las autoridades habían prestado oídos sordos. La actitud del ente acusador es un paso adelante, pero desde luego la parte central la constituyen las investigaciones. Bien ha dicho el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que su propósito es develar, no sólo los autores intelectuales y materiales del asesinato del doctor Álvaro Gómez, sino también todos aquellos mantenidos negligentemente en la impunidad. En el caso del doctor Gómez Hurtado la Fiscalía ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias, aun tratándose fácticamente de un crimen de Estado.
Síganos en nuestras redes sociales:
elnuevosiglo en Instagram
@Elnuevosiglo en Twitter
El Nuevo Siglo en Facebook