Sin definir la medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra ex directivos de la Refinería de Cartagena. El supuesto caso de corrupción habría producido sobrecostos cercanos a los US$4.200 millones.

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La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación por cinco delitos contra los implicados en el caso Reficar. En  la misma están implicados siete ex directivos de Reficar, Ecopetrol y de la firma CB&I.

Los ex directivos son investigados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.

La acusación en su contra detalla las evidencias de la Contraloría y los hallazgos de los fiscales del caso que supuestamente establecen la responsabilidad de los imputados en la desviación de recursos destinados a la construcción de la Refinería de Cartagena.

La defensa de los empresarios aseguró que todas las pruebas de la Fiscalía en contra de sus clientes serán controvertidas con los documentos que demuestran como todo el dinero destinado a la construcción de la Refinería se invirtió en la obra, lo que dejaría sin piso la acusación de los fiscales del caso.

Solicitudes

Con anterioridad, a comienzos de noviembre de este año, la Fiscalía solicitó al Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, privar de la libertad de manera preventiva al presidente de la Refinería para los años 2012- 2016, Reyes Reinoso Yáñez, como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público.

Los hechos se relacionan con irregularidades registradas en los estados financieros entregados y firmados en desde el año 2013 al 2015. 

Asimismo se pidió medida de aseguramiento contra el empresario estadounidense Massoud Deudehban, quien para la época de los hechos fungía como representante legal CB&I., y resultó presuntamente implicado en el desfalco que produjo sobrecostos por $610.140 millones.

“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.

También el ente investigador pidió privar de la libertad al vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, quien responderá en juicio penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

Obstrucción

La Fiscalía considera que estas personas podrían incurrir en obstrucción a la justicia y el evidente riesgo de no comparecer al llamado de la administración de justicia por la gravedad y cantidad de los delitos.

De otro lado, ante el juez de garantías le fue pedida la restricción de la libertad al expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales. A su turno en juicio deberá responder el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro,  por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.

Indica la Fiscalía en su acusación que los ex directivos mencionados no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez  que  no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal, según evidencia la investigación.

La Procuraduría

En este mismo sentido, en septiembre de este año la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de seis ex directivos de Reficar, por presuntas irregularidades relacionadas con el aumento del presupuesto y la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería.

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga dicho incremento que entre los años 2011 y 2015 pasó de 3.777 a 8.016 millones de dólares, producto de cinco controles de cambio, uno por cada año.

Se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández, en su condición de miembros de la Junta Directiva de Reficar; Orlando José Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez, presidentes y representantes legales de la sociedad y Felipe Arturo Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, para la época de los hechos.

Se les reprocha el posible incumplimiento de los deberes que les eran exigibles, al no desplegar las acciones necesarias para establecer con precisión el presupuesto real y necesario para la ejecución del proyecto. Dicha falta de diligencia se cuestiona teniendo en cuenta que existieron diversas alarmas antes de la suscripción y durante la ejecución del contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción) con la firma Chicago Bridge and Iron (CBI), que evidenciaban las deficiencias del contratista, en especial su falta de experiencia, y las circunstancias que podían afectar el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, el ente de control observó de parte de los imputados un exceso de confianza en los pronósticos, presupuestos y compromisos de CBI, cuando ninguno de estos se ajustó a la realidad del proyecto, razón por la cual fueron necesarios cinco controles de cambio para modificar en igual cantidad de oportunidades el costo total y la fecha de terminación de la refinería, varios de los cuales fueron presentados y aprobados por los implicados.

Adicionalmente, se le enrostra a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha, la aprobación e implementación en el año 2014 de dos acuerdos, denominados MOU y PIP, que modificaron el proceso de facturación y pago establecido en el contrato EPC, para dar lugar a cancelar al contratista facturación antes de su revisión por parte de Reficar o que no había soportado en debida forma, lo que ocasionó que se le pagaran aproximadamente 278.000 millones de pesos y 78 millones de dólares, que CBI que no logró justificar posteriormente.

En este mismo sentido ordenó la terminación de la investigación disciplinaria en contra de Adriana Marcela Echeverri Gutiérrez, Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, Jaime Leonardo Flórez Muñoz, Orlando Díaz Montoya y Luis Francisco Sanabria, miembros suplentes de la Junta Directiva de Reficar, al establecer que no participaron en la aprobación de los controles de cambios, ni de los acuerdos MOU y PIP que dieron lugar a la imputación de cargos referida.

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