Miércoles, 9 de Julio de 2014
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Orlando Parada Díaz, en su condición de concejal de Bogotá, por posibles hechos irregulares relacionados el denominado caso del “carrusel de la contratación” en el Distrito Capital.
Al parecer, el entonces concejal aprovechó su cargo e influenció al señor Iván Alberto Hernández Daza, director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, entre el 30 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, para que lo favoreciera en la gestión comunitaria de mantenimiento de vías, en el nombramiento de recomendados en cargos de la entidad, en la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política y para favorecer a terceros, en este caso los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes participaron en los procesos Licitatorios 007 y 008 de 2009.
Las pruebas recaudadas dentro de la investigación disciplinaria indican que el investigado se reunió con los señores Iván Hernández Daza, Hipólito Moreno y Ronaldo Andrés Camacho Casado antes y después de la posesión del señor Hernández Daza como director de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y el Mantenimiento Vial, con el propósito de indicarle que “ (…) el respaldo que se le daba era para que los ayudara, como ya se indicó, en gestión comunitaria, cargos dentro de la entidad y apoyo económico para las campañas”.
El segundo cargo endilgado señala que al parecer el señor Parada Díaz recibió a través de Iván Alberto Hernández Daza la suma aproximada de 400 millones de pesos provenientes del representante legal de la firma Patria S.A, Javier Mejía Bernal, los cuales fueron cobrados por la firma Manuel Sánchez C Abogados Consultores & Asociados Ltda. a la empresa Patria S.A., mediante las facturas 0811 y 0823 del 29 de septiembre de 2010 y 18 de marzo de 2011, como contraprestación por sus oficios en la adjudicación de la licitación 021 de 2010, y con el propósito de poder, en el futuro, manejar posteriores licitaciones, a su favor.
Las dos conductas objeto de investigación por parte del Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de dolo.