Por la posible ejecución arbitraria de un civil en cumplimiento de una operación militar, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra 7 integrantes del Ejército.

Los afectados con la determinación disciplinaria son el sargento segundo Víctor Fabián Sánchez Arango; el cabo segundo Fabián Andrés Gutiérrez Caicedo y los soldados profesionales Nevver Osorio Moreno, Jair Alberto Benavides Fontalvo, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Jorge Mario Calvo Cantillo y Humberto Ángel Santiago Ortiz

La muerte de este ciudadano se produjo el día 20 de febrero de 2005, en una vereda del corregimiento Macaraquilla, jurisdicción del municipio de Aracataca (Magdalena), según la versión de los militares, el deceso se produjo como consecuencia de un enfrentamiento que sostuvieron. Los investigados habrían señalado que se trataba de un guerrillero y que habría sido dado de baja portando un revólver y una escopeta con su respectiva munición.

Sin embargo, las pruebas recaudadas, entre ellas, los testimonios obtenidos por el Ministerio Público desmienten la versión de los militares y por tanto, los uniformados deben dar explicación por la acusación que recae en su contra por la conducta de homicidio en persona protegida.

La falta fue calificada como gravísima cometida a título de dolo teniendo en cuenta que al parecer, al momento de los hechos,  “fueron conscientes de sus acciones y tenían un conocimiento claro respecto de la ilicitud de su proceder y de las consecuencias que les traería (…)”.