Una decisión en torno a la extradición a Colombia del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se conocería hoy en desarrollo de la audiencia final del juicio que se cumplirá en Miami.

La defensa de Arias había solicitado que la diligencia judicial se aplazara y que la justicia norteamericana evaluara el testimonio de tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y otro del Departamento de Estado, con lo cual habría quedado demostrado que el exministro de la administración Uribe había tenido contacto con funcionarios oficiales cuando solicitó su visa en 2014, y que estos mismos sabían de su condena en Colombia y su solicitud de asilo, pero no lo lograron.

Los abogados de Arias han argumentado que su proceso en el país tiene motivaciones políticas, y en ese sentido ha recibido el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, en cuyo mandato ocupó la cartera de Agricultura.

Incluso el hoy senador estuvo en Estados Unidos acompañando a su exfuncionario, quien se encargó de adelantar el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, y varios de cuyos beneficiarios también fueron procesados y algunos condenados.

Sin embargo, fue solicitado en extradición por los cargos de “malversación de fondos a favor de terceros (peculado) y celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales”.

Arias fue condenado en 2014 en Colombia a más de 17 años de cárcel y una multa de 30.800 millones de peso, comparecerá ante el juez federal estadounidense John O’Sullivan.

Hasta ahora las audiencias han girado en torno a sobre si había “condiciones especiales” para la libertad bajo fianza, que le fue otorgada tras pasar tres meses encarcelado, pero especialmente en determinar la vigencia del Tratado de Extradición suscrito en 1979 por ambas naciones.

La canciller María Ángela Holguín ha reconocido que no existe un tratado de extradición vigente pero sí convenios de cooperación judicial y explicado que no es el gobierno colombiano el que tramita la solicitud de extradición, sino que lo a solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en febrero pasado el juez O’Sullivan señaló que el tratado de extradición entre ambos países “está vigente” por acuerdo entre los Gobiernos de estas naciones y rechazó así una moción de la defensa que argumentaba lo contrario.

“La evidencia establece que la posición oficial de la ramas ejecutivas de Estados Unidos y Colombia es que el tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto”, aseguró el juez O’Sullivan en esa ocasión.

El juez acogió así el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno colombiano y que ha subrayado que son “irrelevantes” desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia.

La Fiscalía asegura que es “poco lo verdaderamente relevante que queda en disputa” sobre si Arias debe o no ser extraditado, e insta a O’Sullivan a que “certifique al secretario de Estado la extradición por cada uno de los cargos”.

Arias, por su parte, siempre ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político de la actual administración de Juan Manuel Santos.

El exministro sostiene además que el tribunal donde se ventila el caso no tiene jurisdicción para decidir su entrega a Colombia.

De acuerdo con los abogados de la defensa, el Departamento de EU “sabía” que el tribunal que condenó a Arias estaba “politizado” y que “eso explica” que la embajada estadounidense en Colombia ayudara a que él llegara a este país en busca de asilo.

Arias fue capturado el 24 de agosto de 2016 en el sur de Florida, luego de salir abruptamente del país, y logró salir bajo fianza el 17 de noviembre de ese año.

De ser aceptada la solicitud de extradición, Arias deberá purgar su pena en el país, en el lugar en que el Inpec lo determine.