En audiencias preliminares ante el Juzgado 4 Penal de garantías de Bogotá, el soldado Mauricio Puniche Delgadillo, así como los mayores José Simón Baquero Ramos y Carlos Alberto Rodríguez Mora negaron ser los responsables de los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y desaparición forzada que les imputó la Fiscalía.

Los hechos se registraron entre los años 2008 y 2009 en el municipio de Soacha, Cundinamarca a donde llegaron unos hombres ofreciendo empleo en Ocaña (Norte de Santander) a los jóvenes de esta población.

Las víctimas de las supuestas ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas como Daniel Alexánder Martínez, Diego Armando Marín y el menor J.S.V. de16 años de edad.

Tras el interés de los procesados de someterse a la Ley 1820 de 2016, con ocasión del Proceso de Paz en Colombia para obtener beneficios en el monto de la pena, la Fiscalía recalcó que los hechos no están enmarcados en el contexto del conflicto armado, y que por el contrario, se trató de homicidio contra personas inermes e indefensas que vivían lejos del lugar donde se registraba el enfrentamiento con grupos armados ilegales.

"Días después de haber sido reclutados fueron llevados a Ocaña, donde posteriormente fueron ultimados en un paraje cercano para hacerlos pasar como muertos en combate,  como si fueran guerrilleros, eran muchachos decentes y conocidos en la zona y los hicieron pasar a cientos de kilómetros como positivos en la lucha armada", señaló la Fiscalía.

La investigación advierte que las víctimas fueron llevadas con promesas engañosas de un mejor futuro laboral con pagos diarios y en efectivo en zonas rurales de Ocaña (Norte de Santander) y municipios circunvecinos.

La fiscal sostuvo que "son unos 653 kilómetros de distancia entre Soacha y  Ocaña y que estos sujetos adscritos al Ejército, no tenían fundamento operacional o fundamento misional del Estado para quitarle la vida a estos muchachos, ni en modo, lugar, tiempo o en circunstancias del conflicto".

Agregó que eran personas totalmente inermes, indefensas, personas que no tenían correlación, análoga o enlace con los objetivos de la misión constitucional del Estado  representado en el  Batallón N.15

"Fueron entregados a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada Móvil 15, acantonada en dicha ciudad y fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas", sostuvo la fiscal al solicitar la medida de aseguramiento.

Los procesados supuestamente conformaban una organización criminal que operaba despojando de sus documentos a sus objetivos para luego ponerlos en manos de militares quienes los asesinaban, les colocaban armas en sus cuerpos para luego reportarlos como "combates exitosos".