El giro de sumas globales a los fondos de cesantías, sin que la entidad tenga la certeza de los montos individuales que les correspondían a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que generó riesgo de pagos en exceso a cargo del erario, evidenció la Contraloría General en el Consejo Superior de la Judicatura.

Según el jefe del ente de control, Edgardo Maya, solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones por este concepto.

En auditoría adelantada por el ente de control a la vigencia 2016, se encontró además que similares deficiencias se detectaron en el recobro de incapacidades por parte de la entidad, donde si bien se evidencia gestión de cobro en algunas Direcciones Seccionales, en otras tales como Quindío se encuentran saldos hasta de $431 millones sin respuesta positiva por parte de las EPS.

Como resultado de las debilidades detectadas en la gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades, el Contralor General ordenó la realización de una Auditoría de Cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se adelantará a lo largo del segundo semestre del año en curso.

Otra de las situaciones que afectan la gestión del talento humano, se detectó en el reporte de novedades de nómina, donde debido a la alta movilidad de la planta de personal de la Rama y la existencia de 5900 nominadores, generan un volumen de trabajo excesivo para el soporte humano y tecnológico actualmente existente, que impide efectuar un adecuado control a los pagos que se generan por este tipo de movimientos, ocasionando pagos en exceso y acciones de recobro que incrementan la carga de trabajo a las áreas involucradas.

La Contraloría señaló que en la auditoría culminada en el mes de junio también abordó la gestión jurídica de la entidad, evidenciando los mínimos avances en la implementación y puesta en marcha de la función de cobro coactivo, donde para 2854 procesos se contaba con 4 profesionales para su atención, lo que incide de manera directa en los mínimos avances detectados en los procesos de recaudo, afectando negativamente los ingresos entregados por la Ley 1743 de 2014 en favor de la modernización de la Rama.

“La baja prioridad otorgada a la obtención de recursos derivados del cobro de multas a favor en diferentes procesos, generan a su vez un círculo vicioso que impide la modernización de la Rama Judicial, que se refleje en más personal que atienda el déficit en las diferentes áreas, mejor remunerados y con herramientas tecnológicas que mitiguen en debida forma el riesgo jurídico a que se ve expuesta la entidad”, se indicó en el informe.

Dentro de la misma línea se encontró un importante incremento en la litigiosidad en contra de la Rama Judicial, el cual se acentúa ante las débiles acciones en pos de mitigar el riesgo jurídico derivado de la congestión e inoportunidad en la administración de justicia, lo que aunado a la débil infraestructura de atención a las demandas en contra, no vislumbra una disminución en los fallos adversos. 

En lo relativo a la revisión de las observaciones de la auditoria anterior, se encontró que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones de mejora efectivas que le permitan incrementar sus índices de ejecución de recursos de inversión, situación que impidió el fenecimiento de su cuenta fiscal para el año 2015.

Sobre el particular, la Contraloría encontró que a pesar de la reducción del presupuesto de inversión 2016 de la Rama en un 29%, al pasar de una apropiación inicial de $231.762 millones a una final de $165.547 millones, la entidad comprometió el 95% de esta suma, de lo cual solo logró ejecutar efectivamente el 37%, constituyendo como reservas de apropiación y cuentas por pagar $98.834 millones, es decir el 63% restante de los recursos.

Esta incapacidad de ejecución de recursos, afectó de manera directa la puesta en marcha de proyectos de inversión tales como infraestructura e informática, que demandaban el 75% de los recursos de la vigencia evaluada y por ende, hacen que las metas de descongestión judicial continúen incumpliéndose.