El primer lugar entre las entidades más acreedoras del Estado lo ocupa el Consejo Superior de la Judicatura, señala un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia.
“Preocupa que el primer lugar lo ha ocupado constantemente el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en todos los años un amplio margen sobre las autoridades que le siguen. Sus acreencias prácticamente se han duplicado entre 2009 y 2011, al pasar de 6,5 a 11,3 billones de pesos”, apunta la Corporación.
Mediante la Ley 901 de 2004 se creó el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), cuya consolidación está a cargo de la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se ha buscado el monitoreo de las acreencias a favor de las entidades estatales y la identificación de todos los deudores de las mismas. Así las cosas, desde hace más de cinco años la Contraloría ha venido publicando con una periodicidad semestral el DBME.
A partir del examen de los boletines publicados durante los últimos años, agrega la Corporación Excelencia en la Justicia, se ha encontrado una tendencia hacia el aumento del valor total de las acreencias: mientras que en noviembre de 2009 éstas sumaban 23,7 billones de pesos, para noviembre de 2011 se registra un ascenso a 28,4 billones. “Lo anterior significa un incremento del 19% en las acreencias del Estado durante dicho periodo. El único periodo reciente en el que se ha reportado un descenso ha sido justamente el último que se ha registrado (noviembre de 2011), en el cual disminuyó en poco más de 2,5 billones el monto de las acreencias”, indica.
Sobre las acreencias del Consejo Superior de la Judicatura, indica que se ha detectado que en su mayoría corresponden a multas impuestas por jueces y magistrados dentro del marco de procesos judiciales, así como multas impuestas en virtud de condenas penales. Se ha señalado que su recaudo resulta (en no pocos casos) prácticamente imposible, en virtud de la capacidad económica de la población condenada penalmente y de sus limitaciones de conseguir recursos una vez son privados de la libertad; o bien por la imposibilidad de ubicar a algunos de los deudores de la Rama Judicial.