Entre los hechos repudiables que relacionan a niños, niñas y jóvenes en cualquier conflicto armado en el mundo está el abandono de sus familias para echarse al hombro un fusil. Colombia no ha sido ajena a esta realidad.

Por ejemplo, Paula (la fuente solicitó el cambio de nombre por motivos de seguridad) fue obligada a dejar su familia a los 12 años, en la Sierra Nevada de Santa Marta, para formar parte del Eln.

Ella se encuentra presente en el Foro Regional sobre Víctimas en Barranquilla, organizado por la Universidad Nacional (UN), mediante el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, y la Organización de Naciones Unidas (ONU), según reporte de la Agencia de Noticias de la UN.

El reclutamiento forzado de menores en Colombia es un problema que no cesa, a pesar de los esfuerzos de entidades nacionales y territoriales. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se han atendido 5.417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos ilegales.

Una investigación hecha por Natalia Springer en el libro Como corderos entre lobos: del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, muestra que a partir de una base de datos de 10.732 desmovilizados adultos, se evidenció que el 52,3 por ciento de los militantes del Eln ingresó a las filas en la infancia.

De otro lado, el 50,14 por ciento de los combatientes mayores de edad de las Farc fueron reclutados antes de cumplir 18 años. Este mismo dato en las autodefensas es del 38,12 por ciento.

Dentro de la estadística del Eln se encuentra Paula, quien entre los 12 y 18 años formó parte de la insurgencia junto con otros familiares. Durante su estancia, sufrió la angustia de poder morir en combate, así como el infortunio de ver caer a algunos de sus seres queridos.

“Estuve presente en la muerte de gente muy cercana. Esta guerra, por ejemplo, me mató a un primo”, señala.

Con respecto al trato, comenta que este era muy fuerte, pues exigía movilización constante. Aunque afirma que nunca fue violentada sexualmente, en muchas ocasiones el maltrato psicológico se mantenía presente. “Me sentía casi violada”.

Durante los enfrentamientos con la fuerza pública, decidió entregarse y acogerse a los programas para menores de edad combatientes. Ahora vive con su hermana y su hijo de dos años en Barranquilla, terminó su bachillerato y busca trabajo.

La joven asegura que las propuestas deben ir encaminadas a que los menores de edad no pasen por lo mismo que ella vivió. Además, quienes fueron reclutados siendo menores deben recibir mayor ayuda de los entes estatales.

Todo sobre mi padre

“No lo conocí porque lo mataron cuando yo tenía un año; lo tienen enterrado en Magdalena y queremos traernos su cuerpo para nuestro pueblo”, cuenta Andrés David Marinón Pacheco, joven de 15 años proveniente de María la Baja (Bolívar, a 98 minutos de Cartagena).

Este municipio, ubicado en la parte alta de la región de los Montes de María y dedicado a la ganadería y la cultura, recibió al adolescente cuya madre lo educó siendo administradora de un hogar de Bienestar Familiar en la zona.

Ella le contaba a Andrés que su padre había conseguido trabajo en Magdalena, pero que nunca regresó a casa. Hace 14 años, cuando el pequeño tenía solo un año, su padre fue asesinado por los paramilitares.

El proyecto de las autodefensas en ese departamento ha sido muy exitoso, según Luz Marina Cantillo, integrante de la Asociación de Mujeres del Magdalena, quien en un artículo publicado en la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, afirma que toda esta situación se debe, en parte, a la financiación de ganaderos, narcotraficantes, multinacionales y hasta instituciones de educación superior.

En la avanzada paramilitar, cayó el padre de este joven, quien buscaba expandir horizontes gracias a su experiencia en el fútbol juvenil de la región.

“Solo quiero que se sepa la verdad del caso de mi papá y de otros jóvenes que pasan por lo mismo. Quiero que me digan por qué lo mataron”, concluye.

Los participantes entre 13 y 24 años de edad han tenido siempre una mesa especial en los foros regionales que comenzaron en Villavicencio (Meta), pasaron por Barrancabermeja (Santander) y hoy terminan en Barranquilla, antes del Foro Nacional de Víctimas, a desarrollarse en Cali el próximo 3 de agosto.

La UN y la ONU, como organizadoras, acudieron al llamado que el Gobierno y las Farc hicieron para llevar a cabo esta actividad que convoca a las personas que han sufrido todo tipo de hechos victimizantes.

Además, en el pasado, ambos organismos se encargaron de la organización de los foros sobre tierras, participación en política y drogas ilícitas.