Muy preocupante la denuncia hecha por la Defensoría del Pueblo en torno a la situación dramática que se está presentado en el municipio de El Tarra (Norte de Santander) en donde el accionar criminal de la guerrilla produce un clima permanente de violación de los derechos humanos.

El titular de la entidad,Jorge Armando Otálora,  envió al Ministerio del Interior en donde le pide la intervención urgente del Estado en esta subregión del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

La Defensoría denuncia que los ataques terroristas y las presiones constantes contra los pobladores de la cabecera urbana y de las veredas Bracitos parte alta y baja, Santa Clara, Encantados, Filo el Gringo, Motilandia y Tarra Sur, han obligado a las autoridades locales (Alcaldía, Personería, Registraduría, Puesto de Salud y Juzgado, entre otras oficinas municipales) al cese de sus actividades de manera indefinida. Y a todo ello debe sumársele la intención de renunciar de 33 docentes de las instituciones educativas.

No es la primera vez que la Defensoría advierte sobre esta crisis de derechos humanos en esta región, que incluye, además, reclutamiento forzado de menores de edad.

El Estado debe activar un plan de choque para hacer frente a la situación, no sólo a través de más Fuerza Pública sino de mayor apoyo a las autoridades sectoriales.