Una vez más la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de la crisis carcelaria. Tras una revisión en varios penales, la entidad recalcó que la continuidad de Caprecom, actualmente en liquidación, como prestador del servicio para la población reclusa, está significando serios tropiezos para la atención interna y extramural.

De acuerdo con la entidad que dirige Jorge Armando Otálora, los 121 mil internos están cubiertos por Caprecom en liquidación, circunstancia que se ha traducido en una notable disminución del personal médico y asistencial dentro de los penales, así como en la negativa de las IPS encargadas de la atención extramural.

En Antioquia, Santander, Magdalena y Amazonas el servicio se encuentra suspendido, generando acumulación de órdenes para atenciones especializadas, parálisis en la entrega de medicamentos, exámenes represados y tropiezos en las urgencias. Entretanto, en Chocó y Meta el servicio es parcial, siendo el común denominador la insuficiencia del personal médico y la falta de acceso a temas como la odontología, la farmacia y los laboratorios clínicos. Incluso, en cárcel de Acacías, la empresa encargada de recolectar los desechos hospitalarios suspendió sus actividades. No menos grave es el brote de Zika que afecta a 70 mujeres de la cárcel de Santa Marta o el de varicela en la cárcel Ternera de Cartagena.