Con controversia se inició la discusión en Comisiones Primeras. Sin embargo siguió la polémica entre el Presidente de la Cámara y el Ministro del Interior sobre la agilización de los debates del proyecto

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Para hoy se espera que asista el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez

La ley estatutaria de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz que se votara hoy en Comisiones conjuntas, empezó con discrepancias entre Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Lara Restrepo habló acerca de los puntos álgidos de esta iniciativa y además de ello culpó al Ministerio por la demora en su trámite.

“Tres temas importantes, los bienes de las Farc adquiridos con el crimen y el narcotráfico, los tienen que entregar, y esta ley debe proveer y establecer mecanismos para lograrlo. En segundo lugar un régimen justo y eficaz de Justicia transicional para la Fuerza Pública que contemple las características de nuestra Fuerza Pública, un ejército regular y respetuoso de los derechos humanos, que defina una responsabilidad de mando adecuada a la realidad del conflicto que libró y en tercer lugar un tema muy importante como es lo de los terceros, regular de manera adecuada los requerimientos que se hagan de los civiles”, dijo Rodrigo Lara.   

Agregó que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no puede sustituir la justicia ordinaria en el juzgamiento de los civiles, “si va a juzgar civiles deben ser personas que realmente hayan cometido delitos de lesa humanidad y que sean máximos responsables en estos crímenes”.

Demoras

Argumentó sobre la demora en el trámite que “el acto legislativo se aprobó en el mes de marzo, pasó el mes de abril y apenas a finales de mayo el Gobierno presentó el proyecto de ley de la jurisdicción especial. En el mes de junio no se discutió porque el ministro Cristo se atravesó a la designación de Germán Varón como ponente, perdimos junio y julio, el mes de agosto llega a la Presidencia de la Cámara, y dos semanas después lo remito a la Comisión Primera y el 29 de agosto se nombra ponente”.

El parlamentario sostuvo que “ha transcurrido un mes con ponente designado sin que se hubiera dado discusión a esta iniciativa, los hechos son claros. Mi interpretación es que el Ministerio del Interior prefirió agenciar los intereses electorales del sector político del doctor Cristo, con la famosa Ley Cristo, como es se conoce la reforma política, en vez de discutir la Jurisdicción para la Paz que es la gran prioridad, esto no se puede hacer a la carrera”.

El trámite

A esto el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que “quiero dar por superada la controversia con el presidente de la Cámara, esperamos que en los próximos días que siguen de la legislatura en la plenaria de la Cámara le podamos dar el trámite que corresponda a las diferentes iniciativas”.

Explicó además que “él tiene todo el derecho a oponerse a las iniciativas, al contenido de las mismas, pero lo importante es que se les dé tramite a las iniciativas para que las discusiones se den en medio del debate y no por fuera de ellos”.

Entre tanto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó que “someten el proyecto a una discusión cuando nadie en el Congreso lo ha leído porque hasta el lunes a las cinco se radicó la ponencia y no habido tiempo, y veo que atenta contra la justicia”. 

Apreciaciones de la Fiscalía

El ponente de la iniciativa, el representante Hernán Penagos, explicó algunas preocupaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación y que se deben dejar de manera clara en el texto del mismo.

Según Penagos una de las modificaciones que se tienen que dar es en lo que tiene que ver con la figura del testaferrato.

“La Fiscalía ha planteado varios temas. Uno tratar de que en esta ley estatutaria se haga una referencia a lo que se conoce como testaferro, que uno podría decir que son particulares que están cometiendo conductas criminales que tendrán que pagar por eso. Pero si aparecen testaferros, si están lavando activos tendrán que someterse a la justicia ordinaria”, dijo.

Manifestó Penagos que en esos casos se tiene que mirar si los dueños de esos bienes fueron ocultados al momento de entregar el listado por parte de las Farc. 

Agregó que otro de los puntos es preguntarse qué pasa con los bienes que aparecen en el futuro, “como es natural, no pueden ser objeto de normalización administrativa, estos tendrán que ser objeto de extinción de dominio que lo hará la Fiscalía y los dueños tendrán que hacer parte de un juicio penal”.

Dijo que en esta ley deben quedar claras las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y la competencia futura de la Fiscalía General de la Nación, “lo peor que le puede pasar a este país es que la justicia ordinaria termine en choque con la Justicia Especial para la Paz”.

Recalcó que hay algunos términos que se deben aclarar, como por ejemplo que los disidentes no existen, porque son personas que fueron de la guerrilla y que no están en los listados y que no son parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Otro de los términos son los reincidentes, para Penagos, son los que cometen delitos después de haberse sometido a la Justicia Especial para la Paz.     

Explicó también que los desertores son aquellos que se acogen a la jurisdicción y se retiran nuevamente para alzarse en armas, “aquí se ha dicho que quienes cometen estos delitos y si al día de mañana desertan pierden todos los beneficios”.

Hernán Penagos insistió en que estos puntos no hacen parte de la ponencia, porque no son aceptados por el Gobierno, pero dijo que a él le parece importante que se incluya en la iniciativa.

De todas maneras hoy se espera que asista el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y deje en claro estos puntos y haga otras observaciones.

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