Al iniciar debate en plenaria, la participación en política de los guerrilleros seguía siendo el más polémico para que avanzara. Presidente Santos tuvo que llamar al orden a su coalición
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Enfrascados en debatir cerca de 40 impedimentos, la plenaria del Senado no pudo continuar discutiendo la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz.
Este debate de fondo fue suspendido para el próximo martes.
El punto polémico de la iniciativa siendo la participación en política de los guerrilleros. El senador Jimmy Chamorro, dijo que “a mí me queda absolutamente claro, que quienes tienen familiares condenados por parapolítica, deben declararse impedidos y el Senado debe aceptárselos, y hay varias razones que son sumamente claras, una de ellas es que alguien que haya sido condenado por parapolítica, inmediatamente aprobemos esta norma se deberá acercar a la JEP”.
Por su lado el senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, expresó que “primero el Centro Democrático no participa en las determinaciones que se toman a través de un mecanismo abreviado denominado fast track, porque es un mecanismo ilegitimo que no puede operar porque requería la aprobación del pueblo colombiano, por medio del plebiscito y el pueblo colombiano lo negó”.
A la medida
Recordó que sobre la JEP se tienen profundas dudas porque es un sistema hecho a la medida de las Farc para entregarle completa impunidad pero con magistrados seleccionados por delegados de Santos y de las Farc, “que los que ya se conocen son abiertamente antiuribistas, contrarios a una escogencia de lo que hay en una academia”.
Ayer el movimiento político se empezó desde la mañana cuando el Presidente Juan Manuel Santos citó a la bancada del Partido Liberal. Al salir del encuentro el senador Horacio Serpa dijo que era muy importante aprobar Estatutaria sobre la JEP.
“A la Justicia Especial para la Paz, conocida como JEP, concurrirán las personas que hayan cometido conductas delictuales relacionadas con el conflicto armado interno que se pretende acabar. Lo harán los guerrilleros de la Farc, en especial los máximos responsables con ocasión de diferentes conductas ilegales, como delitos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad. También los funcionarios del Estado sindicados de conductas de la misma naturaleza (Fuerza Militar y Policial) asociadas al conflicto, y los terceros que delinquieron en relación con el conflicto armado”
Para el próximo martes, en plenaria de Senado se continuará con la discusión del proyecto sobre el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. La comisión accidental conformado por los senadores Alexander López Maya y Roosvelt Rodríguez quienes presentarán el informe de conciliación.
Se solicitará adicionar al artículo 22A a la Constitución Política de Colombia, para que se garantice la "no repetición" y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública, en todo el territorio.
Serpa, del Partido Liberal, dijo que la posición será el de apoyo total, “la colectividad apoya la ley estatutaria, porque es una necesidad para los colombianos, estamos detrás de la convivencia, y del entendimiento, de darle a este país un futuro diferente, ese es el trabajo que estamos haciendo con el proyecto de ley de la JEP”.
Agregó el ponente que “si las cosas son de esa manera, el planteamiento es correcto. Pero la argumentación no es verdadera. A los miembros de la Farc como a los del Eln, así como a los del M-19, Epl, Quintín Lame y otras guerrillas más, el Estado les reconoció una condición política, es decir, aceptó, como desde siempre lo alegaron los subversivos, que esas organizaciones se formaron e integraron para luchar contra el poder político establecido, al que consideraron represivo, injusto, corrupto y causante de la pobreza, la desigualdad y las faltas de oportunidades para el pueblo”.
Asimismo, el legislador dijo que “la llamada reconciliación es un alivio para nuestra comunidad. Se está construyendo una jurisdicción para la paz y así evitar la impunidad que siempre reinó en todos los armisticios anteriores. Se van a cambiar las balas por los votos, lo cual es una gran ganancia”.
Puntualizó que “algunos de los jefes subversivos irán al Congreso. Ya entregaron las armas. ¿’Pero acaso no cometieron crímenes’? Sí, vale, pero es para que nunca más vuelva a ocurrir en Colombia tanta desgracia”.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, reiteró que “la vamos a votar afirmativamente y tal como viene en el acuerdo de paz, es decir aquí no vale solo que se voten las leyes sobre la paz, sino que correspondan de la manera más genuina de lo que fue planteado”.
El senador del Partido Conservador Hernán Andrade informó que ellos le dicen sí a la JEP, “pero no así participación en política, pero que los guerrilleros se peguen una pasadita por la justicia a contar la verdad, lo tercero nos garantiza que este no es un organismo de reivindicación”.
El senador del Partido de La U, Roy Barreras, manifestó que el Partido es un constructor de la paz, fue el único partido con un negociador plenipotenciario en La Habana, y es el Partido del Presidente, “la posición de partido es y tiene que ser aprobar la JEP”.
Por su parte, el senador Roy Barreras afirmó que con la aprobación de la JEP en primer debate, se dio vía libre al eje vertebral del Proceso de Paz y su seguridad jurídica. “Hemos cumplido con la palabra: se cambian los votos por las balas”, agregó el senador Barreras.
Al final del debate, las bancadas de La U dejaron como constancia la inclusión de un artículo para que sea discutido en las plenarias de Senado y Cámara y que tiene que ver con las condiciones de juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.
El ponente de la iniciativa, el representante de La U, Hernán Penagos, explicó que quedan pendientes por discutir y estudiar en las plenarias de Senado y Cámara temas como las facultades procesales que tendrá la Fiscalía, mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz.
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