La Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que se acogerá al fallo del Consejo de Estado para resolver la situación de los militares que quieren acogerse a estas cortes y beneficiarse de la Ley 1820 de 2016. Aun así, también aclaró que se dificultará hacerlo en el plazo de 15 días dado por el alto tribunal.

Hasta el momento se han suscrito más de 4.500 actas de compromiso y sometimiento a la JEP, tanto de miembros de las Farc como de la Fuerza Pública. De estos últimos, explica la Secretaría, hay otros 7.494 archivos electrónicos que fueron remitidos por el Ministerio de Defensa y que también deben ser revisados para verificar que se refieran a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Un trabajo definido por la Secretaría como “sustancial y complejo, que requiere un delicado estudio de fondo”.

En ese sentido, se explicó que los “parámetros sobre la conexidad con el conflicto, en sus distintos elementos definitorios, carecen de una suficiente precisión legal o jurisprudencial”, así como que las ejecuciones extrajudiciales (o falsos positivos) “han sido calificadas de diferentes formas por los fiscales y jueces de la República” y que “la jurisprudencia cambiante o la legislación incierta es reconocida como un factor de complejidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Pero no solo se refiere a estas dificultades, sino a otras logísticas, por hechos como que para suscribir las actas de los militares “es necesario desplazarse por avión o por tierra a otra ciudad en donde se encuentra recluida la persona”.

Por eso, la Secretaría de la JEP aseguró que, aunque hará caso al fallo del Consejo de Estado, “el plazo de 15 días establecido por el Consejo de Estado para analizar de fondo el nexo de los delitos con el conflicto armado interno, desplazarse por todo el país para suscribir las actas y enviar las comunicaciones correspondientes es difícil de cumplir en las condiciones actuales”.