La Procuraduría General formula un llamado urgente a los 484 alcaldes de los municipios que no han cumplido con la obligación de adelantar las acciones correspondientes para el pago de deudas con las EPS del Régimen Subsidiado por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011.

El plazo para que las autoridades territoriales determinaran el valor de los recursos adeudados venció el pasado 22 de junio y los respectivos pagos debieron efectuarse a más tardar el martes 24 de julio. El Ministerio Público requirió a los alcaldes que aún no han cumplido esta obligación para que remitan de manera inmediata la información de sus municipios a la entidad competente, no sin antes advertirles que ya omitieron su obligación de reportarla dentro del plazo fijado por la norma vigente, lo que se constituye en falta disciplinaria.

El Decreto 1080 de 2012 fue muy claro y preciso, pues fijó el procedimiento, plazo y actividades tendientes a lograr que las entidades territoriales sanearan la cartera con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, que para el momento de expedición del citado decreto ascendía a $1,9 billones de pesos.

En concepto de la Procuraduría, los municipios que no cumplieron oportunamente sus obligaciones derivadas del Decreto 1080, deberán asumir su responsabilidad frente a la falta de recursos para la correcta operación de los hospitales públicos y las clínicas privadas vinculadas al Sistema de Seguridad Social en Salud.