Mediante un escrito remitido a Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pidió la aplicación de medidas cautelares a favor del representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, en el proceso iniciado por la Procuraduría General por las presuntas faltas de abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia.
La defensa le solicitó a la CIDH que la Procuraduría suspenda las actuaciones que viene llevando contra el congresista Cepeda, en tanto su resultado puede ser la de una inhabilitación para ejercer cargos públicos en flagrante violación del artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
También, pidió que se solicite al Estado de Colombia la suspensión inmediata de los procedimientos disciplinarios contra el ciudadano Iván Cepeda, hasta tanto la Comisión, con citación y audiencia del Estado colombiano, no tome una decisión de fondo sobre la compatibilidad de estos procedimientos con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los juristas aseguran que a raíz de dicho proceso, se ven amenazados los derechos políticos del legislador, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y la protección judicial que el Estado tiene obligación de garantizar.
Esta es la segunda solicitud de medidas cautelares que se hace desde Colombia ante la CIDH, relacionada con las actuaciones del procurador Ordóñez, luego de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pidió la misma clase de decisión hace algunas semanas.
Es de recordar, que en septiembre del presente año, el representante Iván Cepeda recusó al procurador Alejandro Ordóñez, por considerar que no puede investigarlo con independencia e imparcialidad y que, tendría un interés indirecto en el resultado del proceso disciplinario en su contra, al tener la posibilidad, a través del mismo, de sancionarlo o inhabilitarlo como contradictor político.
El congresista señaló en esa oportunidad, la estrecha relación personal y política entre el procurador Ordóñez y Álvaro Uribe Vélez, quien interpuso la queja en la cual se fundamentó la apertura de la investigación. La Procuraduría rechazó el recurso, por lo cual el abogado Ramiro Bejarano interpuso también recusación, que no ha sido resuelta hasta la fecha.