El tribunal de Tarento (sur) ha embargado el equivalente a 8.100 millones de euros a la familia Riva, propietaria de la empresa siderúrgica Ilva, en el centro de un escándalo por contaminación, informó la prensa italiana.

Los propietarios de Ilva están acusados de asociación con malhechores con fines de delito contra el medio ambiente, lo que ha permitido a la fiscalía embargar estos bienes de la familia Riva y su empresa Rivafire Spa.

El monto total embargado representa la cantidad, que según los expertos encargados por la justicia, habría tenido que ser invertida para paliar el impacto medioambiental de la fábrica Ilva de Tarento, la mayor acerería de Europa y pilar estratégico para el empleo y la industria en Italia.

La falta de inversiones para adaptar las instalaciones a las normas se tradujo en beneficios para los propietarios, por lo que han incurrido en delito, según la justicia.

La investigación por el desastre medioambiental contra la empresa Ilva de Tarento se inició en julio con la detención de Emilio Riva, antiguo responsable del lugar que está en detención domiciliaria, y el embargo de las instalaciones contaminantes.

En noviembre, una redada policial acabó con otros dirigentes de la empresa en la cárcel. Los hijos de Emilio Riva, Fabio, vicepresidente del grupo familiar, lograron escapar al operativo policial y huyeron a Londres.

La empresa Ilva, acusada desde hace tiempo de haber envenenado los alrededores de sus instalaciones, se encuentra en el corazón de un largo folletín jurídico-político en Italia.

Su futuro provoca desde hace meses la polémica entre los que la acusan de contaminar y envenenar a sus vecinos, lo que el grupo Riva niega, y los que quieren preservar miles de empleos y la importante producción de acero que representa (40% de capacidad del país).